Proyecto de ley 555.

La humanidad atraviesa una transformación estructural de sus sistemas energéticos, motivada por la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mitigar el cambio climático y asegurar un desarrollo económico sostenible. En este contexto, la transición hacia fuentes y vectores energéticos de bajas emisiones se ha convertido en una prioridad estratégica de los Estados. El hidrógeno verde ha emergido como uno de los vectores energéticos más prometedores del siglo XXI. Organismos internacionales, bloques económicos y economías desarrolladas lo reconocen como pieza clave para la descarbonización de sectores donde la' electrificación directa resulta técnica o económicamente inviable, tales como la industria pesada, la siderurgia, la producción de fHrtilizantes, el transporte marítimo, la aviación y el transporte de carga de larga distancia.

Asimismo, constituye una herramienta de almacenamiento energético a gran escala para sistemas eléctricos con alta penetración de energías renovables. El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables, lo que permite obtener combustible de muy baja huella de carbono en su ciclo de vida. Su utilización contribuye a reducir emisiones sin comprometer la seguridad energética ni la continuidad del suministro. La República de Panamá posee condiciones particularmente favorables para incorporarse a esta nueva economía energética global. Entre estas ventajas destacan:

Su posición geográfica estratégica como punto de conexión interoceánica y centro logístico mundial.

Su plataforma portuaria y marítima de alcance global.

Su régimen de servicios internacionales y comercio exterior.

Su potencial de generación eléctrica renovable.

Su estabilidad macroeconómica y su vocación de Hub regional.

Estas características colocan al país en una posición privilegiada para desarrollar producción, almacenamiento, uso local y eventualmente exportación de hidrógeno verde y sus derivados. Desde la perspectiva Constitucional y de Política Pública, esta iniciativa encuentra sustento en varios pilares fundamentales del ordenamiento panameño: Primero, en el deber del Estado de proteger el ambiente y promover un desarrollo sostenible que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Segundo, en la obligación estatal de promover el desarrollo económico, la inversión productiva y la generación de empleo. Tercero, en el mandato de propiciar condiciones de libre competencia bajo reglas claras, transparentes y previsibles. Cuarto, en la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de las personas, las comunidades y el entorno frente a actividades industriales de riesgo. La experiencia comparada demuestra que el desarrollo de nuevas industrias energéticas requiere marcos regulatorios claros y oportunos. La ausencia de regulación genera incertidumbre, desincentiva la inversión y puede propiciar prácticas desordenadas. Por el contrario, una regulación moderna permite ordenar el crecimiento sectorial, atraer capital responsable y asegurar estándares adecuados de seguridad y sostenibilidad. El presente anteproyecto responde precisamente a esa necesidad: establecer un marco jurídico integral que otorgue certeza regulatoria, defina competencias institucionales, incorpore estándares técnicos reconocidos y establezca mecanismos de supervisión y control. La iniciativa no pretende sustituir el mercado ni imponer modelos económicos rígidos. Por el contrario, adopta un enfoque de facilitación regulatoria, donde el Estado fija reglas claras, garantiza competencia, protege el interés público y permite que la inversión privada impulse el desarrollo del sector. Uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza. La industria del hidrógeno verde involucra dimensiones energéticas, ambientales, industriales, Uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza. La industria del hidrógeno verde involucra dimensiones energéticas, ambientales, industriales, logísticas y de seguridad. Por ello, se propone una arquitectura institucional que articule a las entidades competentes, evitando duplicidades y promoviendo coordinación interinstitucional. La Secretaría Nacional de Energía asume la rectoría sectorial, mientras que el Consejo Nacional del Hidrógeno Verde funciona como instancia de coordinación estratégica. Otro componente fundamental es la sostenibilidad ambiental e hídrica. La producción de hidrógeno verde requiere agua y energía. Por ello, el anteproyecto exige gestión responsable del recurso hídrico, evaluación ambiental conforme la normativa vigente y adopción de medidas de eficiencia. Se promueve además el uso de desalación con energías renovables en zonas de estrés hídrico, evitando conflictos por uso del agua. Asimismo, el proyecto incorpora exigencias de seguridad industrial y gestión de riesgos. El hidrógeno es una sustancia que requiere protocolos rigurosos de manejo, almacenamiento y transporte. La adopción de estándares internacionales y planes de contingencia busca minimizar riesgos y proteger a la población. En materia económica, el anteproyecto reconoce que las industrias emergentes requieren señales iniciales de política pública. Por ello, se prevé la posibilidad de incentivos temporales y condicionados a desempeño ambiental, generación de empleo y transferencia tecnológica. Estos incentivos no son permanentes ni automáticos, sino sujetos a evaluación y reglamentación conforme la disciplina fiscal del Estado. El proyecto también incorpora un régimen sancionador claro. Toda actividad económica debe desarrollarse bajo reglas y consecuencias. El régimen propuesto distingue infracciones leves, graves y muy graves, y establece sanciones proporcionales. Esto fortalece la seriedad del marco regulatorio y protege la credibilidad del país ante inversionistas responsables. Es importante destacar que esta iniciativa no crea monopolios, no reserva mercados y no impone barreras injustificadas de entrada. Se fundamenta en principios de libre competencia, transparencia y neutralidad tecnológica. Panamá tiene ante sí la oportunidad de anticiparse y posicionarse en un sector de alto valor agregado que marcará la economía energética de las próximas décadas. No se trata únicamente de energía, sino de política industrial, innovación, empleo calificado y competitividad internacional. El país ya ha demostrado su capacidad de convertirse en plataforma global en sectores estratégicos. El hidrógeno verde representa una nueva frontera de desarrollo donde Panamá puede jugar un rol relevante si adopta tempranamente reglas claras y visión de largo plazo. Este anteproyecto constituye un primer paso en esa dirección. No agota la regulación futura, pero sienta bases sólidas para un crecimiento ordenado, seguro y sostenible del sector. Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley.

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