Proyecto de ley 569.

La Constitución panameña establece que el Estado debe prestar una atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario con el fin de mantenerlo en condiciones productivas y garantizar que todo agricultor tenga una existencia decorosa. Al respecto, corresponde destacar que el sector agropecuario es fundamental para el desarrollo socioeconómico de cualquier país debido a la producción de alimentos, materias primas y generación de empleo, lo que implica un impacto positivo en la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, el bienestar rural y la paz social.

Asimismo, podemos destacar que la producción nacional de granos constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria, la economía rural y la estabilidad social del país. Miles de productores dependen directamente de la venta de su cosecha para sostener sus hogares, reinvertir en el ciclo agrícola y garantizar la continuidad productiva de amplias regiones del territorio nacional.

No obstante, el modelo actual de comercialización de granos presenta profundas asimetrías entre los productores y la agroindustria. En la práctica, los parámetros de calidad particularmente los niveles de humedad e impurezas son determinados de forma unilateral por los compradores, mediante laboratorios o sistemas de medición bajo su control exclusivo. Esta situación genera una discrecionalidad técnica que se traduce, de manera recurrente y sostenida, en castigos económicos al productor y en la subvaloración de su cosecha.

Si bien existen tablas de referencia para la evaluación de calidad, la ausenCIa de un mecanismo independiente, objetivo y confiable impide al productor controvertir los resultados cuando estos no reflejan la realidad del producto entregado. En consecuencia, el , , ,, productor se ve forzado a aceptar condiciones desfavorables o a perder la oportunidad de comercializar su producción.

Esta problemática implica una crisis de confianza institucional y con la agroindustria. Muchos productores perciben debilidad, falta de capacidad técnica o insuficiente independencia en las entidades públicas encargadas de velar por la sanidad, la calidad y la comercialización agropecuaria. Esta desconfianza limita la efectividad de cualquier esquema que dependa exclusivamente de la intervención estatal y exige la creación de alternativas técnicas con respaldo nacional e internacional.

El Estado tiene la obligación de corregir fallas estructurales del mercado, garantizar reglas claras y proteger a los actores más vulnerables de la cadena productiva, sin afectar la libre empresa ni el normal desenvolvimiento de la industria. En ese sentido, resulta necesario establecer un sistema mixto, transparente y técnicamente independiente, que permita determinar la calidad real de los productos agropecuarios mediante laboratorios de referencia acreditados, cuyos dictámenes tengan valor objetivo y vinculante en el pago que corresponda.

Siendo, así las cosas, el fortalecimiento del marco regulatorio de los laboratorios de referencia es una pieza innovadora para garantizar un sistema agropecuario competitivo, seguro y modemo, y por ello es tan impOliante la inversión en la calidad, así como en la cooperación técnica para traer beneficios directos al productor, a la agro industria, al consumidor y a procurar un buen posicionamiento internacional del agro panameño.

Es por ello que, a través de esta iniciativa legislativa procuramos regular la etapa intermedia de la cadena de suministro para que prevalezca un mecanismo objetivo e imparcial entre los productores y la industria al momento de analizar la materia prima; por ejemplo, cada vez que un productor de arroz requiere vender el grano a la industria molinera éste lo presenta en cáscara para que según el porcentaje de humedad e impurezas se detemüne el valor a pagar por la compra del mismo, asimismo ocurre con la leche, la industria utiliza mecanismo de medición para determinar el precio y ello representa una desventaja para los productores que dependen de la compra rápida de su materia prima para que no perezca.

Adicionalmente, esta problemática no se limita a la producción agrícola, S1110 que se reproduce de manera similar en la producción pecuaria, particularmente en la comercialización de leche y otros productos de origen animal, donde los parámetros técnicos utilizados para determinar el precio, tales como rendimiento, niveles bacterianos, composición, calidad flsico-quÍmica u otros indicadores, son definidos y aplicados de manera unilateral por la industria, sin la existencia de mecanismos independientes de verificación accesibles al productor.

Es importante preCIsar que la presente iniciativa no regula aspectos sanitarios

111 zoosanitarios, los cuales continúan siendo competencia de las autoridades conespondientes, sino que se circunscribe exclusivamente a la determinación objetiva de la calidad comercial, entendida como el conjunto de parámetros técnicos que inciden directamente en la formación del precio de los productos agropecuarios.

En este sentido, la creación de un Sistema Nacional de Laboratorios de Referencia Agrícola y Pecuaria constituye una herramienta moderna de corrección de fallas estructurales del mercado, al introducir un punto técnico imparcial que permita equilibrar las relaciones comerciales, fortalecer la transparencia, reducir la discrecionalidad y restablecer la confianza entre los distintos actores de la cadena productiva y garantizar un pago justo.

La experiencia comparada demuestra que los mercados agropecuarios más competitivos y transparentes han incorporado sistemas de determinación objetiva de la calidad, sustentados en laboratorios independientes acreditados, como mecanismo para equilibrar las relaciones entre productores y compradores.

En países del Cono Sur como Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, la evaluación de la calidad de granos, leche y subproductos derivados se apoya en redes de laboratorios públicos, privados, universitarios y cooperativos, acreditados bajo estándares internacionales, cuyos dictámenes constituyen una referencia técnica objetiva para la comercialización, sin que ello implique fijación de precios ni afectación a la libre empresa.

De igual forma, en Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, la determinación de la calidad comercial se realiza mediante sistemas de acreditación y reconocimiento mutuo de laboratorios, basados en normas internacionales, lo que permite al productor contar con mecanismos efectivos para verificar o controvertir las mediciones confiables efectuadas por la industria compradora.

Estas experiencias evidencian que la coexistencia de rectoría estatal, pluralidad técnica y estándares internacionales fortalece la confianza, reduce cont1ictos comerciales y promueve mercados agropecuarios más justos, eficientes y competitivos, modelo que la presente iniciativa adapta a la realidad nacional.

Aunado a lo anterior, la iniciativa impulsa el cooperativismo productivo, permitiendo que los propios productores, organizados en cooperativas o asociaciones, puedan participar en la creación y operación de laboratorios de referencia, centros de acopio y sistemas de medición certificados, fortaleciendo su poder de negociación y reduciendo la dependencia estructural frente a intermediarios.

Panamá necesita este modelo porque el mercado agropecuario, tal como funciona hoy, presenta una falla estructural: el productor vende su cosecha o su producción pecuaria con base en parámetros técnicos que son determinados de manera unilateral por quien compra.

Esa situación genera desconfianza, castigos discrecionales y pérdidas económicas que desincentivan la producción nacional.

Lo que proponemos no es control de precios ni intervención estatal excesiva. Es un sistema moderno, probado internacionalmente, donde la calidad se determina mediante laboratorios independientes acreditados, con rectoría del Estado, pero con participación pública, privada y cooperativa. Este modelo protege al productor, le da seguridad jurídica a la industria y fortalece la transparencia del mercado, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la competitividad del país.

De esta forma, presentamos ante esta augusta cámara el presente proyecto esperando su consideración a través del trámite interino a fin de convertirlo en Ley de la República.

Atentamente, H.D. CARLOS SALDAÑA Diputado de la República Circuito 4-1