Anteproyecto de ley 344.

La corrupción constituye uno de los principales factores que debilitan la institucionalidad democrática, afectan la confianza ciudadana y generan graves perjuicios al patrimonio del Estado. En Panamá, la complejidad creciente de los delitos contra la Administración Pública, así como su vinculación con el crimen organizado, el blanqueo de capitales y estructuras transnacionales, exige un marco normativo moderno, integral y eficaz que supere las limitaciones del régimen legal vigente.

El presente Anteproyecto de Ley adopta una Ley General Anticorrupción, orientada a fortalecer la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los delitos cometidos en perjuicio del Estado, con especial énfasis en la recuperación y restitución de activos, la cooperación internacional y el uso de técnicas especiales de investigación, siempre bajo control judicial y respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, la iniciativa introduce reformas puntuales al Código Procesal Penal para adecuar los plazos de prescripción, regular conflictos de interés, robustecer el régimen probatorio y garantizar la eficacia del proceso penal en causas complejas de corrupción. De igual forma, se incorporan mecanismos de colaboración eficaz, acuerdos reparatorios con personas jurídicas y medidas de protección para denunciantes, testigos y colaboradores, alineadas con los estándares internacionales asumidos por el Estado panameño.

En conjunto, este Anteproyecto busca dotar al Estado de herramientas jurídicas efectivas para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, asegurar la rendición de cuentas, proteger los recursos públicos y reafirmar el compromiso de Panamá con la transparencia, la legalidad y la justicia.