Proyecto de ley 15.

El agua es un recurso vital para la supervivencia y el desarrollo humano, más que un simple elemento químico, es la piedra angular de la salud, la seguridad alimentaria, la higiene y el bienestar general de las sociedades. En Panamá, país privilegiado por su abundancia de recursos hídricos, el acceso al agua potable sigue siendo un desafío significativo, especialmente para las comunidades rurales e indígenas.

El derecho humano al agua potable y al saneamiento adecuado está reconocido internacionalmente como un derecho fundamental para la realización de otros derechos, como la vida, la salud, la educación y la igualdad de todos los ciudadanos. La adopción de una ley que declare explícitamente este derecho en Panamá es imperativa para proporcionar un marco legal claro y efectivo que asegure su protección y cumplimiento.

A pesar de los esfuerzos y avances en la cobertura de agua potable en áreas urbanas, las disparidades persisten; según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020, mientras el 98.5% de las áreas urbanas tienen acceso a agua potable, solo el 82.3% de las áreas rurales y el 64.7% de las comunidades indígenas cuentan con este servicio esencial. Estas cifras subrayan la necesidad urgente de políticas públicas inclusivas y sostenibles que garanticen el acceso equitativo y la calidad del agua para todos los ciudadanos.

La falta de una normativa específica que defina y regule el derecho humano al agua potable en el ordenamiento jurídico panameño ha sido una limitación histórica. Esta ley no solo busca llenar ese vacío legal, sino también establecer principios claros de disponibilidad, accesibilidad, calidad y no discriminación en el acceso al agua potable; además, se orienta a promover un consumo sostenible del recurso y proteger los ecosistemas acuáticos que son fundamentales para la vida en el país.

El compromIso de Panamá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con el ODS 6 de garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos, refuerza la importancia estratégica de esta ley. Al alinearse con estos objetivos globales, Panamá no solo fortalece su posición como actor responsable en la gestión hídrica, sino que también contribuye activamente a un futuro más sostenible y equitativo para todas sus poblaciones.

Este proyecto de ley no solo mejorará las condiciones de vida de millones de panameños, sino que también fortalecerá la infraestructura legal y regulatoria necesaria para gestionar eficazmente nuestros recursos hídricos en beneficio de las generaciones presentes y futuras.