Proyecto de ley 503.

La corrupción en la gestión de los recursos públicos constituye una de las principales amenazas a la estabilidad económica, la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones del Estado. La comunidad internacional ha reconocido que la correcta administración de la Hacienda Pública, incluyendo el presupuesto, el gasto, la contratación, la deuda y los subsidios, es un pilar fundamental en la prevención de la corrupción.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece, entre otras obligaciones, que los Estados deben adoptar sistemas adecuados de contratación pública basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de decisión, así como sistemas de gestión de las finanzas públicas que garanticen procedimientos de presupuesto claros y transparentes, con mecanismos eficaces de control interno y externo.

Por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción exige a los Estados parte el desarrollo de sistemas para la contratación de bienes y servicios que aseguren apertura, equidad y eficiencia, así como mecanismos de control del ingreso y uso de los recursos del Estado, en coherencia con los principios de probidad y uso correcto de la Hacienda Pública.

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La República de Panamá ha suscrito y ratificado estos instrumentos internacionales, comprometiéndose a fortalecer sus marcos legales y sus instituciones para prevenir y sancionar los actos de corrupción vinculados al uso del erario nacional. En esa línea, resulta indispensable avanzar en una Ley de Integridad y Prevención de la Corrupción en la Hacienda

Pública, que aborde de manera integral:

a) La planificación, aprobación y modificación del Presupuesto General del Estado. b)

La ejecución del gasto público y los sistemas de registro y control.

c) Las contrataciones públicas reguladas por la Ley 22 de 2006, como uno de los principales canales de uso de los recursos fiscales.

d) El endeudamiento público, las garantías y las obligaciones contingentes del Estado. e) Los subsidios, transferencias, exoneraciones y fondos especiales que representan compromIsos permanentes de la Hacienda

Pública.

f) La transparencia fiscal y la disponibilidad de datos abiertos para el control social.

El presente proyecto de ley se enmarca, por tanto, de manera directa en la materia de Hacienda Pública, en los términos del artículo 55, numeral 6, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que atribuye a la Comisión de Economía y Finanzas el conocimiento de cualquier asunto relativo a la Hacienda Pública cuyo estudio no esté atribuido a particular, En otra comisión.

el proyecto:

1. Define un marco general de integridad fiscal, orientado a prevenir la corrupción en todo el ciclo de la Hacienda

Pública.

2. Fortalece los mecamsmos de planificación, programación y modificación del presupuesto desde la óptica de la integridad.

3. Introduce reglas claras sobre ejecución del gasto, deuda flotante, tesorería y registro contable. 4. Establece principios de integridad en la contratación pública y modifica la Ley 22 de 2006, reforzando los estudios previos, la gestión de riesgos de corrupción, la transparencia de los procedimientos excepcionales y el régimen sancionatorio para servidores y contrati stas. 5. Mejora la transparencia y el control de los subsidios, transferencias y fondos especiales con recursos públicos.

6. Crea herramientas de transparencia fiscal y datos abiertos de Hacienda Pública, en consonancia con las mejores prácticas internacionales.

El diseño del proyecto responde a la necesidad de que la discusión de estas reformas se lleve a cabo en el foro natural de la Comisión de Economía y Finanzas, dado que se trata de una ley sobre el uso, la gestión y el control de los recursos de la Hacienda Pública, que "I , incorpora disposiciones en materia presupuestaria, fiscal, de deuda pública, subsidios y contratación financiada con fondos del Estado.