Proyecto de ley 504.

La contratación pública es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del Estado. A través de ella se construyen carreteras, escuelas, hospitales y se prestan servicios básicos a la ciudadanía. Sin embargo, también es uno de los espacios más vulnerables a la corrupción en Panamá. Cuando personas naturales o jurídicas previamente condenadas o sancionadas por delitos contra la administración pública logran volver a participar en los procesos de contratación, se genera un círculo de impunidad que socava la confianza de los ciudadanos y encarece los costos para el Estado.

Además, la corrupción en Panamá es uno de los motivos principales por el cual los ciudadanos ya no confian en las instituciones públicas, y está percepción va en aumento desde hace décadas. En los últimos gobiernos, los diversos escándalos de corrupción han evidenciado la urgente necesidad del fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. En cambio, hemos tenido avances legislativos en normas contra la corrupción, aún hace falta fortalecer los mecanismos y herramientas que nos ayuden en la parte preventiva.

Para complementar lo antes expuesto, hemos identificado que en los últimos años Panamá ha disminuido su puntaje en el índice de percepción de la corrupción (ePI, en sus siglas en el inglés) según transparencia internacional para Panamá. La evaluación se realiza con un puntaje de O a 100, donde O es muy corrupto y 100 muy limpio, Panamá en el último año ha disminuido a 33 para el 2024, quedando en la posición 114 de 180 países que participan en el índice a nivel mundial.

PANAMA Score

33/100

Score changes 2012·2024 Rank

114/180

40

38 36

34

• •

• • • • • • •• • •

32

• Score change

• -2 Since 2023 En este mismo análisis, se realizó una encuesta ciudadana donde el 56% de los encuestados indicó que la corrupción había aumentado en los últimos 12 meses para el resultado del 2024.

Existen mecamsmos que pueden ayudar a fortalecer las instituciones públicas, el proceso de contratación pública y combatir la corrupción en el estado, para esto se busca crear una herramienta para que las personas naturales y jurídicas que han sido condenadas por algún acto de corrupción (delitos contra de la administración pública) aparezcan en un listado público digital que será utilizado por las diversas instituciones para no permitir que ningún colaborador, empresa, o alguna persona manchada de corrupción pueda contratar con el estado.

Actualmente, el Código Penal panameño tipifica diversos delitos contra la Administración Pública (Título X, Libro JI), que comprenden figuras como peculado, cohecho (corrupción de servidores públicos), enriquecimiento injustificado, concusión, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Sin embargo, tras cumplir condena, la información sobre estos hechos se diluye en archivos judiciales o antecedentes penales de acceso limitado, lo que dificulta la identificación de aquellas personas naturales y jurídicas que pudieran estar sancionadas 10 cual dificulta el escrutinio ciudadano y la prevención de la reincidencia (por ejemplo, un funcionario destituido por nepotismo podría reingresar a otra institución si no se comparten estas sanciones entre entidades).

A través de la creación del listado público digital de personas que han sido condenadas penalmente o sancionadas administrativamente por corrupción, se obtiene un mecanismo de apoyo institucional para combatir y prevenir la corrupción en las contrataciones públicas del estado.

La iniciativa toma como referencia el proyecto de ley que crea el Registro Oficial de Ofensores Sexuales en Panamá. Al igual que en ese precedente, donde se estableció una base de datos de condenados por delitos sexuales para proteger a la niñez, los adolescentes y a la mujer, el presente proyecto plantea un registro con información detallada de quienes han sido condenados y sancionados por delitos contra la administración pública, es decir corrupción, con sentencia ej ecutoriada.

Con este proyecto, se podrá saber quiénes son y dónde están los delincuentes condenados por corrupción, análogamente a lo expresado por los proponentes del registro de ofensores sexuales, fortaleciendo así los mecanismos de prevención. Además, fortalecerá el procedimiento de contrataciones públicas brindando una herramienta fundamental para estos objetivos. Por último, se crea una herramienta poderosa para control y fiscalización ciudadano para fortalecer la confianza en las instituciones públicas.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional la presente iniciativa de Ley a fin de que, en apego al trámite legislativo previamente establecido por el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se le de el debate que merece.

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