Proyecto de ley 447.

El presente Proyecto de Ley tiene corno propósito fortalecer la institucionalidad del Estado para garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Panamá. Para ello, propone una reorganización estratégica mediante la derogación de la Ley 375 de 8 de marzo de 2023 y la creación del Instituto Nacional de la Mujer. Esta nueva estructura asegurará la rectoría técnica y la articulación efectiva de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa se fundamenta en tres pilares esenciales del Estado panameño:

1. El deber constitucional e internacional de garantizar la igualdad ante la ley, proteger los derechos humanos y promover el desarrollo integral de t9das las personas, sin discriminación. 2. El cumplimiento de los compromIsos adquiridos al ratificar instrumentos internacionales claves corno la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 3. La imperativa necesidad de racionalizar el gasto público, buscando mayor eficiencia, inversión sostenida y coordinación, sin comprometer los 'objetivos fundamentales.

Con esta propuesta se reconocen los avances históricos alcanzados en materia de género y derechos de las mujeres, con base en el principio de no regresividad en materia de derechos humanos; el compromiso de potenciar el alcance e impacto de las acciones del Estado, para enfrentar los persistentes desafios de desigualdad y violencia; así corno la integración de un model~de gestión y coordinación interinstitucional robusto, que permita aprovechar sinergias con programas desarrollados por distintas entidades con dimensión de género, maximizando su impacto social.

Mantener esta visión estratégica y de largo plazo, es crucial ante una realidad en la cual evidencian, entre otros aspectos, los persistentes niveles de violencia de género y los patrones estructurales de desigualdad que enfrentan las mujeres en distintas regiones del país.

Al diseñar una estructura técnica que aprovecha las coneXIOnes interinstitucionales, se optimizan los recursos existentes y los mantiene focalizados hacia la atención del flagelo de la violencia contra las mujeres, ya que entre 2014 y 2024, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, los femicidios y muertes violentas se mantienen ep. un promedio anual de 22.12 casos de femicidios y 22.54 muertes violentas de mujeres, con un aumento a 23 y 25 casos respectivamente, en 2024. Esta realidad no deslegitima los esfuerzos realizados, sino que exige, con urgencia, mayor coherencia entre el diseño institucional y las políticas públicas, particularmente en contextos marcados por múltiples brechas.

Esta realidad social originó la creación del Instituto Nacional ·de la Mujer (INAMU, 2008), como entidad pública descentralizada, cuyo presupuesto inició con B/.186 mil balboas y un recurso humano de 199 posiciones, culminando con B/.5.1 millones y 285 funcionarios, en virtud de la atención de los centros regionales, albergues y casas de corta estar ~ia. Luego, ál tránsformarse ·~il el Ministerio de la Mujer (2023), se destinaron recurSOSC:'le alcanzaron

B/.11.8 miÚones, en 2024 y, en 2025, Br 11.4 millones, con el fin de salvaguardar la integridad fisica de las mujeres y sus hijos.

Esta trayectoria institucional previa, confirma aspectos fundamentales y revela que la garantía de los derechos de las mujeres requiere de la asignación sostenida de recursos y la adecuada articulaCión intersectorial. A su vez, plantea un desafio imperativo para el país: la urgente necesidad de robustecer la relación entre la eficiencia institucional y la generación de impactos concretos y medibles, especialmente a nivel territorial yen la vida cotidiana dé las mujeres.

En este marco, en consonancia con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, esta reforma representa una oportunidad para optimizar el tamaño del Estado de manera estratégica, liberando recursos que pueden ser reorientados hacia la inversión social, y productiva, con mayor impactó y rendición de cuentas.

La transformación de estructuras ministeriales dedicadas a la mujer no es ajena al contexto írtterh1icional, .páíses como Argentina, Canadá, Colombia, España, Israel y Pero; han adoptado procesos de integración funcional o reformas presupuestarias, sin que ello implique un retroceso o una disminución en la protección de derechos, sino una mayor articulación, sostetiibilidad·y coherencia en la gestión pública.

Esta nueva· arquitectura institucional facilitará la sinergia de mlSlones,promoverá· la: interoperabilidad de datos y sistemas, mayor autonomía técnica y operativa, permitiendo una toma de dedsiories más ágil y especializada, sin las restricciones burocráticas propias de una estrUctura ministerial y asegurará que la mujer sea percibida como sujeto central del desarrollo, la equidad y la justicia social.

Por tanto,sesomete a la consideración de ~a Asamblea Nacional para su aprobación.

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