Proyecto de ley 482.

En los últimos años, Panamá ha enfrentado crecientes problemas de inundaciones urbanas y rurales, pérdida de biodiversidad y afectaciones a la seguridad de las comunidades debido a la reducción de la sección hidráulica de quebradas y ríos, ocasionada principalmente por la deforestación, sedimentación, construcciones irregulares y el mal manejo de desechos.

La República de Panamá genera aproximadamente 4,800 toneladas de residuos sólidos al día, es decir, más de 1.7 millones de toneladas al año, de las cuales una parte significativa acaba en cauces y áreas ribereñas por manejo inadecuado de residuos y carencia de infraestructura de recolección y disposición final. Esto, combinado con otros factores, provoca la reducción de la sección hidráulica de los cauces naturales.

La sección hidráulica de un cauce natural es el área efectiva que permite el libre flujo del agua. Cuando esta sección se ve reducida por causas antrópicas o naturales, como la deforestación indiscriminada, la sedimentación acelerada, la construcción irregular en las riberas, junto con el manejo inadecuado de desechos, se generan desbordamientos, erosión, daños a infraestructuras públicas y privadas, pérdida de vidas humanas, así como un deterioro progresivo de los ecosistemas hídricos y la biodiversidad en general.

El impacto de este fenómino trasciende lo ambiental, afecta la seguridad alimentaria, la salud pública, la infraestructura nacional y la economía del país, pues cada evento de inundación o colapso de un cauce representa altos costos de recuperación y reconstrucción. Ante este panorama, resulta urgente establecer un marco normativo integral, que defina con claridad las responsabilidades institucionales y ciudadanas, los instrumentos de planificación, control y fiscalización, promueva la recuperación de los cauces, y garantice la seguridad hídrica y la resiliencia climática del país.

Adoptar medidas para evitar la pérdida adicional de capacidad hidráulica, promover su mantenimiento, estalecer obligaciones de planificación y control, no solo reducen el riesgo de inundaciones y desastres naturales, sino que representan una inversión en resilencia que, a mediano y largo plazo, reducen costos y protege nuestro ecosistema.

A nivel regional, Brasil cuenta con su Código Forestal que regula las áreas de preservación permanente, incluyendo las franjas ribereñas, estableciendo responsabilidades sobre su protección e instrumentos para la restauración y fiscalización. A su vez, Colombia con su Ley General Ambiental, regula licencias ambientales y prevé instrumentos de financiamiento y gestión de cuencas, lo que posibilita la destinación de recursos a fondos para su conservación.

La expenencla internacional nos muestra la necesidad de combinar regulaciones con mecanismos económicos que financien la recuperación de cuencas, secciones hidráulicas y mantengan el funcionamiento de los cauces en el tiempo, con el objetivo de contrarrestar los daños de los crecientes desastres naturales.

Panamá se encuentra en un momento crucial en el manejo de sus recursos hidricos y en la protección de las comunidades que dependen de ellos. La disminución de los cauces naturales, ha puesto en evidencia la necesidad de contar con un marco normativo que regule el desarrollo de actividades en áreas críticas para la seguridad hídrica del país. Adoptar leyes que establezcan medidas específicas para la recuperación, protección y manetenimiento de la sección hidráulica de quebradas y ríos, generará múltiples beneficios, que excenden el ambito ambiental y alcanzan dimensiones sociales, económicas e institucionales.

Esta iniciativa legislativa constituye un paso decisivo hacia un modelo de desarrollo sostenible que prioriza la protección de nuestros recursos hídricos, reduce riesgos de inundación, salvaguarda la vida y el patrimonio de los panameños, y garantiza el que las generaciones futuras hereden ríos y quebradas en condicios óptimas para su desarrollo social, ambiental y económico.