Proyecto de ley 499.

El manejo adecuado de los residuos sólidos es un asunto de interés nacional y de salud pública. En Panamá, las disposiciones existentes sobre rellenos sanitarios han sidu desarrolladas principalmente mediante decretos ejecutivos, en particular el Decreto Ejecutivo No. 275 de 21 de julio de 2004 y el Decreto Ejecutivo No. 467 de 31 de octubre de 2016, los cuales han establecido normas técnicas y sanitarias para rellenos de gran capacidad. Sin embargo, la creciente generación de residuos sólidos, la presión sobre los sistemas de disposición final, los impactos ambientales y la necesidad de una mayor seguridad jurídica hacen indispensable que el régimen de rellenos sanitarios sea elevado a rango legal. Este anteproyecto busca establecer un marco jurídico integral que: •

Regule el diseño, construcción, operación, clausura y posclausura de los sitios de disposición final.

• Defina claramente las competencias de las instituciones del Estado, municipios y operadores privados.

• Garantice la protección de la salud pública y del ambiente, mediante normas obligatorias de control de lixiviados, emisiones de gases y estabilidad estructural.

• Introduzca mecanismos de transparencia, fiscalización y participación ciudadana.

• Establezca sanciones proporcionales por el incumplimiento de las normas.

/, El proyecto también incorpora referencias internacionales, como la Directiva 1999/31/CE de la Unión Europea sobre vertederos, la NOM-083-SEMARNAT-2003 de México, y las normas ambientales de Colombia que regulan la disposición final de residuos, adaptándolas a la realidad panameña. Con este marco jurídico, Panamá podrá fortalecer la gestión de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios, reducir impactos ambientales y promover prácticas responsables de disposición final.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley "Que establece el régimen legal de los sitios de disposición final de residuos en la República de Panamá, regula su diseño, operación, clausura y posclausura, y dicta otras disposiciones", convencidos de que su aprobación representará un paso firme hacia la preservación de nuestro patrimonio natural y hacia la construcción de un modelo de desarrollo más justo, sostenible y respetuoso con el ambiente.

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