Proyecto de ley 566.

Panamá ha sido testigo de diversos casos de corrupción y actos que perjudican gravemente el patrimonio del Estado. En muchas ocasiones, la valentía de los ciudadanos y servidores públicos que deciden denunciar estos actos es desalentada por el temor a represalias que puedan afectar su vida personal, profesional y económica; la falta de un sistema de protección adecuado para estos valientes testigos y denunciantes puede llevar a la impunidad de los responsables y a la perpetuación de prácticas corruptas que debilitan la confianza en las instituciones del Estado y el desarrollo de nuestro país.

Denunciar actos de corrupción no es tarea fácil, hoy día, son pocos los ciudadanos que se encuentran cívicamente comprometidos con este deber, debido a las consecuencias que ello podría acarrear, las cuales pueden ser desde la pérdida del puesto de trabajo e ingresos, hasta la merma de la salud, pasando por las presiones y el descrédito social, y en los casos más extremos la violencia, fisica o hasta perder la vida.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency Intemational, Panamá obtuvo una puntuación de 33 sobre 100, lo que lo sitúa en el puesto 114 de 180 países evaluados. Esta calificación refleja una percepción generalizada de corrupción en el sector público, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección para quienes denuncian actos corruptos.

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Actualmente, Panamá carece de una legislación que proteja a las personas que denuncian actos de corrupción, motivo por el cual y como parte del cumplimento de los compromisos adquiridos como país a través de la ratificación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, enfocándonos en la prevención de la corrupción y la formulación de políticas públicas que refuercen la integridad, mejoren la transparencia institucional y en consecuencia generen una mayor gobernanza, presentamos a su consideración este proyecto de ley, el cual establece por primera vez la protección a denunciantes de actos de corrupción, ya sean servidores públicos o particulares que tengan conocimiento de tales hechos.

La protección de los denunciantes y testigos en casos de corrupción es un tema que viene ocupando cada vez más importancia en los Estados que han suscrito la Convención, los cuales están llamados a adoptar los mecanismos necesarios para detectar, sancionar y prevenir actos de corrupción, entendiendo que dicha problemática atenta contra la sociedad en general, en detrimento de la legitimidad de las entidades públicas, así como el orden social.

Este anteproyecto de Ley, que brinda protección a denunciantes y testigos representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y en la promoción de un ambiente en el que la justicia pueda prosperar sin temor a represalias; garantizar que quienes se levantan en defensa de la integridad y el bien común reciban la protección adecuada es una obligación que debemos cumplir para fortalecer nuestro sistema de justicia y la confianza en nuestras instituciones. Así como también incentivar la denuncia de irregularidades administrativas. Es por ello que, sometemos a su consideración colegas diputados solicitándoles respetuosamente nos apoyen desde el prohijamiento hasta pasar por los tres debates de un documento consensuado con sus aportes.

Por lo antes expuesto, presentamos ante esta augusta cámara, el anteproyecto de ley "Que regula la protección de denunciantes y testigos de los hechos de corrupción, en la República de Panamá y dicta otras disposiciones".

Diputado de la República de Panamá. Circuito 13-1