Anteproyecto de ley 236.

La presente iniciativa tiene como finalidad modificar y adicionar artículos a la Ley 54 de 2016, que crea el Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB), con el propósito de ampliar su alcance y fortalecer su funcionalidad para garantizar una gestión integral, transparente y eficiente de los beneficios sociales otorgados por el Estado panameño.

Actualmente, el RENAB se concentra principalmente en registrar a los beneficiarios de transferencias monetarias condicionadas, dejando fuera a quienes reciben subsidios o beneficios tangibles, tales como sillas de ruedas, artículos de apoyo y otros servicios esenciales para la población vulnerable. Esta limitación genera duplicidad de esfuerzos y dificulta la coordinación interinstitucional, afectando la calidad y oportunidad de la atención a los ciudadanos.

Además, la plataforma no permite que otras instituciones públicas ni empresas puedan acceder a información relevante sobre las condiciones específicas de los beneficiarios, como personas con discapacidad o con necesidades especiales, lo que limita la inclusión social y laboral de estos grupos.

Por tanto, esta iniciativa propone que el RENAB sea obligatorio para todos los tipo's de beneficiarios de programas sociales, incluyendo transferencias monetarias, subsidios y beneficios tangibles, y que se establezcan mecanismos claros de interoperabilidad entre instituciones públicas y privadas, garantizando la protección de datos personales y facilitando la adaptación de servicios y empleos para los beneficiarios.

En particular, se busca que el RENAB incluya información detallada y actualizada sobre las condiciones específicas de las personas beneficiarias con discapacidades, trastornos del espectro autista y otras necesidades especiales, siempre bajo estrictos protocolos de confidencialidad y protección de datos personales. Esto permitirá a empresas, organizaciones y entidades públicas y privadas autorizadas conocer las características particulares y requerimientos de cada beneficiario para facilitar su inclusión laboral y social mediante adaptaciones razonables, capacitaciones especializadas y adecuaciones en los puestos de trabajo.

Con esta ley se busca optimizar el uso de los recursos públicos, evitar duplicidades, promover la transparencia y fomentar la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, construyendo un Panamá más justo, equitativo e inclusivo.