Anteproyecto de ley 212.

La Constitución de la República de Panamá garantiza la protección de la salud de la población, y reconoce que el interés social prevalece sobre el interés particular. En consonancia, la Ley 45 de 2007 establece el marco general para la defensa de los derechos de los consumidores frente a prácticas engañosas, abusivas o fraudulentas.

No obstante, en la práctica cotidiana, especialmente en el ámbito de los restaurantes, cafeterías, bares y expendios de comida, persiste una situación que vulnera gravemente los derechos de los consumidores y al mismo tiempo afecta la producción nacional: la sustitución de ingredientes originales por productos sucedáneos o imitaciones, sin el debido aviso al consumidor.

Cuando a un cliente se le ofrece "pizza con queso mozarela" y se le sirve con un queso sucedáneo, o cuando pide un "café con leche" y recibe una bebida con base sucedánea en lugar de leche auténtica, se produce un engaño comercial. Este engaño no solo vulnera el derecho del consumidor a recibir información clara, veraz y comprensible sobre lo que consume, sino que también desplaza injustamente a los productores nacionales que sí elaboran productos auténticos y de calidad.

Esta práctica constituye un acto de competencia desleal que distorsiona el mercado, favorece a proveedores que reducen costos mediante sustituciones ocultas y afecta a productores panameños que se esfuerzan por colocar en el mercado alimentos genuinos.

Con la presente reforma a la Ley 45 de 2007, se busca:

1. Proteger al consumidor, asegurando que tenga información clara, visible y comprensible cuando un alimento o bebida es preparado con sucedáneos o imitaciones en lugar de ingredientes originales. Proteger al productor nacional, al evitar que su producto sea desplazado de manera injusta por sustituciones que no se informan y que engañan al consumidor.

3. Fortalecer la fiscalización de Acodeco, dotando a la institución de herramientas claras para sancionar la omisión de esta información en menús, cartas y puntos de venta.

4. Promover un consumo responsable y consciente, donde el cliente pueda elegir con pleno conocimiento, sin ser inducido a error.

De esta forma, se avanza en la construcción de un mercado más justo, transparente y equilibrado, donde el consumidor es respetado y el productor nacional recibe un trato competitivo en condiciones equitativas.