Proyecto de ley 436.

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En la República de Panamá, el crecimiento acelerado del parque vehicular y el aumento de la movilidad interprovincial han generado un incremento significativo en la ocurrencia de siniestros de tránsito. Estas situaciones, además de afectar directamente la seguridad vial y la vida de las personas, han producido una alta demanda en los procesos judiciales y administrativos relacionados con la materia, lo que ha provocado la congestión de los despachos judiciales y un retraso considerable en la atención a los ciudadanos.

Actualmente, los juzgados competentes en materia de tránsito resultan insuficientes para atender de manera pronta y eficaz los casos derivados de accidentes, infracciones y reclamaciones. Ello genera dilaciones procesales que repercuten en la garantía de los derechos de las víctimas y en la confianza ciudadana hacia el sistema de justicia. El traslado de los afectados desde provincias apartadas hacia sedes judiciales centralizadas agrava aún más la situación, limitando el acceso efectivo a la justicia.

La Constitución Política de la República de Panamá establece en su artículo 32 que "Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa". Asimismo, el artículo 38 reconoce el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, lo cual impone al Estado la obligación de garantizar condiciones seguras y de respuesta inmediata frente a los siniestros que afectan dicho derecho.

En este contexto, se hace necesario y urgente crear nuevos Juzgados Administrativos de Tránsito, así como Tribunales Administrativos de Tránsito, en cada una de las provincias del país, con el fin de:

1. Descongestionar la carga procesal que actualmente enfrentan los tribunales existentes, permitiendo una mayor celeridad en los procesos. 2. Garantizar el acceso oportuno a la justicia en todo el territorio nacional, evitando que los afectados tengan que trasladarse a sedes lejanas. 3. Fortalecer la seguridad vial y el orden público, mediante resoluciones rápidas y efectivas frente a las infracciones y siniestros de tránsito. 4. Asegurar una atención inmediata a los afectados, protegiendo sus derechos fundamentales a la vida, la integridad fisica y el debido proceso. 5. Optimizar el uso de los recursos del Estado, acercando la justicia especializada a la ciudadanía y modernizando el sistema judicial de tránsito.

Este anteproyecto responde, entonces a una necesidad real y urgente: robustecer la justicia administrativa de tránsito con mayor cobertura territorial, celeridad, calidad decisional y seguridad jurídica. Su aprobación permitirá descongestionar los despachos, acercar la justicia al ciudadano, y elevar los estándares de tutela de derechos vinculados a los _

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_ r siniestros e infracciones de tránsitq, con reglas claras de procedimiento, plazos razonables y un esquema orgánico profesionalizado. Con ello, el Estado reafirma su compromiso con la protección de la vida e integridad, el debido proceso y la eficiencia en la respuesta pública.

La creación de nuevos juzgados y tribunales administrativos en materia de tránsito no solo representa un avance institucional, sino que constituye un compromiso del Estado con la seguridad ciudadana, la eficiencia judicial y la protección de los derechos fundamentales de los panameños.