Proyecto de ley 415.

La educación panameña enfrenta hoy el desafio de modernizarse en un contexto global donde la tecnología juegan un papel fundamental en la calidad, eficiencia y transparencia de los sistemas educativos. A pesar de los avc;tnces realizados en digitalización y plataformas educativas, aún no existe en Panamá un sistema unificado y obligatorio que permita registrar y validar electrónicamente el historial académico de los estudiantes, desde el nivel primario hasta el nivel medio, de forma segura, accesible y actualizada. Actualmente, los registros académicos son gestionados de manera heterogénea y, en muchos casos, manualmente, lo que dificulta: •

La movilidad estudiantil entre centros educativos.

• La trazabilidad del progreso académico individual.

• La evaluación efectiva del rendimiento educativo a nivel nacional.

• La transparencia y verificación de notas y certificados. - La implementación de políticas educativas basadas en datos reales.

Ante esta realidad, se propone la creación del Sistema Digital Universal de Créditos Académicos (SDUCA), aplicable a todas las escuelas públicas y particulares de la República de Panamá, con el fin de dotar al sistema educativo de una herramienta moderna que permita: •

Registrar electrónicamente los logros, calificaciones, créditos y evaluaciones de cada estudiante.

• Proveer a padres, estudiantes, docentes y autoridades una plataforma confiable y accesible.

• Fortalecer la interoperabilidad entre las instituciones educativas públicas y particulares.

• Reducir el uso del papel y trámites manuales, fomentando un modelo educativo más sostenible y eficiente.

• Garantizar que cada estudiante tenga un expediente académico único y permanente a lo largo de su trayectoria escolar.

La Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación (art. 3), dispone que corresponde al Estado asegurar a todos los habitantes de la República las mismas oportunidades de acceso a la educación, lo que obliga a garantizar igualdad de condiciones también en el acceso a créditos académicos e historiales escolares. El Decreto Ejecutivo N.O 466 de 2018 (art. 30, numo 11) tipifica como falta grave la retención de créditos y documentos de estudiantes por morosidad, y la Ley 285 de 2022 (art. 47) prohíbe suspender clases o retener documentos académicos por deudas, previendo certificaciones provisionales bajo convenio de pago. No obstante, persisten prácticas contrarias a estas normas. Por ello, se refuerza el marco vigente mediante la creación del SDUCA bajo administración del MEDUCA, garantizando registro digital, seguro y centralizado, accesible al estudiante y sus acudientes, y eliminando cualquier posibilidad de retención indebida.