Proyecto de ley 429.

El arbolado urbano y rural constituye un patrimonio natural indispensable para el bienestar social, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la República de Panamá. Sin embargo, la siembra desordenada de especies arbóreas bajo tendidos eléctricos ha generado riesgos de seguridad ciudadana, interrupciones en el suministro de energía, incendios, y daños a la infraestructura eléctrica, con peljuicios directos a la población y al Estado. Resulta necesario ordenar la vegetación en espacios públicos y establecer mecanismos de coordinación entre los Municipios y el Ministerio de MiAmbiente, con el propósito de delimitar y adecuar los árboles que actualmente se encuentran bajo líneas eléctricas, al tiempo que se impulsa una política de reforestación en áreas seguras y apropiadas del territorio nacional. La presente Ley, responde a la obligación del Estado de proteger la vida y seguridad de los ciudadanos, garantizar la prestación continua de servicios públicos, promover un manejo responsable de la vegetación y fomentar la reforestación sostenible, en consonancia con los principios de desarrollo humano y ambiental de la nación. El desarrollo urbano y rural de Panamá, exige una adecuada planificación del arbolado público, tanto por razones ambientales como de seguridad ciudadana. Si bien los árboles aportan beneficios incalculables para la calidad del aire, la sombra y la biodiversidad, su ubicación inadecuada en las cercanías de los tendidos eléctricos representa un riesgo latente para la población, la infraestructura y la continuidad del servicio eléctrico. La experiencia demuestra que la siembra de especies arbóreas, bajo o demasiado cerca de las líneas eléctricas ocasiona múltiples problemas; En primer lugar, las ramas en crecimiento o los árboles caídos durante tormentas, pueden hacer contacto con los cables, provocando cortocircuitos, descargas eléctricas, incendios y prolongados apagones, que afectan a miles de usuarios. Este tipo de incidentes genera altos costos economlCOS al Estado y a las empresas distribuidoras de energía, que deben destinar grandes trabajos de poda, mantenimiento y reemplazo de infraestructura dañada, estos costos directa o indirectamente, recaen sobre la ciudadanía panameña. En consecuencia, resulta imperativo adoptar en Panamá, una normativa clara que tomando como referencia las buenas prácticas de otros países, establezca la prohibición de la siembra de especies arbóreas, bajo o a menos de diez metros de los tendidos eléctricos, la obligación de los Municipios de planificar la vegetación urbana, para garantizar su sostenibilidad y seguridad, la imposición de sanciones a quienes incumplan la normativa, con el fin de generar corresponsabilidad ciudadana. Así mismo la de gestionar la promoción de especies de plantas adecuadas de bajo porte en áreas cercanas a infraestructuras eléctricas, de manera que se conserven los beneficios ambientales, sin comprometer el tendido eléctrico y la seguridad pública. Adoptar estas medidas permitirá a Panamá, alinearse con estándares internacionales, proteger la vida humana, reducir los costos asociados al mal manejo del arbolado urbano y fortalecer la resiliencia de su sistema eléctrico, frente a los fenómenos naturales, que caracterizan a nuestro entorno tropical. Es importante mencionar que diversos países como Puerto Rico, Chile, Argentina, España, Estado Unidos entre otros, tienen regulaciones que prohíben o restringen la plantación de árboles debajo de tendidos eléctricos, aunque las normativas varían, todas buscan evitar accidentes y brindar un buen servicio eléctrico.

HD.ISAAC

RIVAS

Diputado de I~ República )