Anteproyecto de ley 193.

En la era digital, la protección de la identidad y la privacidad de los ciudadanos es una prioridad fundamental. A medida que avanzamos hacia una sociedad cada vez más digitalizada, es imperativo que las instituciones públicas y las empresas privadas adopten mecanismos seguros y eficientes para la verificación de identidad, que respeten y protejan los datos personales de los ciudadanos.

La actual Ley 83 de 2012, modificada por la Ley 144 de 2020, ha permitido avances significativos en la digitalización de trámites gubernamentales. Sin embargo, es necesario actualizar esta legislación para abordar las crecientes preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales en los procesos de verificación de identidad.

Protección de Datos Personales y Privacidad:

Los ciudadanos tienen derecho a que sus datos personales sean manejados con el más alto nivel de seguridad y privacidad. Los métodos tradicionales de verificación de identidad a menudo implican la exposición de datos sensibles, incluyendo datos biométricos, lo cual puede comprometer la seguridad personal.

Estándares Internacionales de Seguridad: Adoptar y cumplir con estándares internacionales como los establecidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y el Estándar de Procesamiento de Información Federal (FIPS) asegura que los mecanismos de verificación de identidad implementados sean robustos y confiables.

Confianza en los Servicios Digitales: Para fomentar la confianza en los servicios digitales, es crucial que los ciudadanos tengan la certeza de que sus datos personales no serán utilizados indebidamente. La implementación 2 de tecnologías de tokenización y encriptación es fundamental para proteger estos datos durante los procesos de verificación de identidad.

Por lo tanto, esta iniciativa ciudadana, tiene como objetivo los siguientes: a) Exigir Mecanismos Seguros de Verificación de Identidad: Todas las empresas privadas e instituciones públicas estarán obligadas a implementar mecanismos de verificación de identidad que cumplan con los estándares NIST SP 800-63, FIPS 140- 2 YFIPS 201-2. Estos mecanismos deben evitar el uso y almacenamiento de datos biométricos sensibles, utilizando tecnologías de tokenización y encriptación. b) Garantizar la Supervisión y Certificación: El Tribunal Electoral, en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), será responsable de supervisar y certificar que los mecanismos de verificación de identidad cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos. c) Proteger los Derechos de los Ciudadanos: Los ciudadanos tendrán el derecho de acceder a un historial de todas las solicitudes de verificación de identidad realizadas por entidades públicas y privadas. Esto garantizará la transparencia y el control sobre sus datos personales, permitiendo a los ciudadanos gestionar sus datos de manera efectiva. d) Beneficios Esperados: a. Mayor Seguridad y Privacidad: La adopción de estos mecanismos de verificación de identidad asegurará que los datos personales de los ciudadanos estén protegidos contra el acceso no autorizado y el mal uso. b. Confianza en los Sistemas Digitales: Los ciudadanos confiarán más en los sistemas digitales, sabiendo que sus datos personales están seguros y que tienen control sobre ellos. c. Eficiencia en los Trámites Digitales: La implementación de estos mecanismos facilitará los trámites digitales tanto en el sector público como en el privado, reduciendo la necesidad de presencia fisica y mejorando la eficiencia de los servicios.

Esta actualización legislativa es esencial para asegurar que Panamá se mantenga a la vanguardia en la protección de datos personales y la privacidad en la era digital. Al exigir que las empresas privadas e instituciones públicas adopten mecanismos seguros de verificación de identidad, garantizamos un entorno digital más seguro y confiable para todos los ciudadanos. Con el apoyo de la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional, los municipios y las organizaciones que promueven la digitalización y la eficiencia gubernamental y privada, esta ley contribuirá significativamente al desarrollo y crecimiento económico del país.