Proyecto de ley 423.

La Constitución de la República de Panamá establece en su Artículo 105 que "corresponde al Estado garantizar a todos los habitantes el derecho a la salud y velar por la organización, coordinación y ejecución de programas que fortalezcan el acceso a servicios médicos de calidad". No obstante, en los últimos años, se han destinado recursos del erario público para financiar seguros privados de salud de funcionarios públicos, incluyendo altos cargos del Estado. Esta práctica no solo genera un uso desigual de los recursos, sino que también profundiza la brecha entre la ciudadanía y quienes tienen la responsabilidad de representar y velar por sus derechos. Práctica que destina recursos privilegiados para la atención de un servicio brindado por el Estado, y dejando de invertirlo en otros rubros que sí requieren atención inmediata de recursos públicos como lo son el abastecimiento de medicamentos, mantenimiento de hospitales, centros de salud, entre otros. El sistema público de salud, representado principalmente por la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA), enfrenta múltiples deficiencias: desabastecimiento de medicamentos, falta de personal especializado, carencia de insumos básicos y deterioro en la infraestructura hospitalaria. Estos problemas afectan de manera directa a la población que depende exclusivamente de los servicios públicos de salud. Es moral y éticamente inaceptable que, mientras la mayoría de los ciudadanos deben acudir a hospitales públicos saturados y con limitaciones, algunos funcionarios gocen de seguros privados costeados con fondos del Estado. Esta práctica perpetúa privilegios indebidos, desvía recursos que podrían destinarse a fortalecer el sistema de salud pública e incrementa la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Con este Anteproyecto de Ley se busca garantizar el principio de igualdad, transparencia y justicia en el uso de los fondos públicos. La eliminación de seguros privados financiados por el Estado para funcionarios públicos obligará a que los propios tomadores de decisiones experimenten de primera mano las realidades del sistema de salud público, incentivando así una mayor voluntad política para invertir y mejorar su calidad. Por tanto, este proyecto no solo representa una medida de austeridad y justicia social, sino también un paso decisivo para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país y reafirmar que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente al bienestar colectivo.

Circuito 8-2

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