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Proyecto de ley 422.

Que prohíbe a entidades del Estado la contratación de seguros privados a los servidores públicos

Jairo Salazar

Cuadro comparativo SeguirEnviado a subcomisión para analisis

Fundamento de la iniciativa

Exposición de motivos

Lectura del expediente; coteja las dudas con el documento original.

La desigualdad galopante que permea en nuestro país, sobre todo la alta tasa de desempleo, la falta de oportunidades para el panameño común y corriente carente de todo apoyo por los gobiernos que nos han antecedido y el actual gobierno que mira hacia otro lado, somos conocedores de que nuestra Constitución Política establece en el artículo 19 que no existe ni fueros ni privilegios, así entonces, lo que busca esta iniciativa legislativa, es que los recursos del Estado se utilicen bajo el amparo constitucional y que estos recursos sirvan para apoyar a los menos favorecidos. Es público y notorio que esta práctica se ha generalizado en entidades públicas y órganos del Estado como: La Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral entre otras instituciones de seguridad y seguramente algunas otras que también hacen uso del erario para favorecer a funcionarios, quienes pueden pagar su propio seguro privado, sin afectar las finanzas del Estado provocando un nivel de desigualdad al resto de los servidores públicos. El presente anteproyecto de ley tiene como finalidad garantizar la equidad en el uso de los recursos públicos, eliminar privilegios que no están al alcance del resto de los funcionarios públicos y promover una mayor eficiencia en la gestión del gasto estatal. En este sentido, se prohíbe el uso de fondos públicos para la contratación o pago de seguros privados en favor de funcionarios públicos, en concordancia con los principios de igualdad, responsabilidad y legalidad consagrados en la Constitución Política. Es por ello, que les solicitó el apoyo a todos los colegas con el voto favorable a este Anteproyecto de Ley, a fin de erradicar de una vez por todas los fueros y privilegios que mantienen ciertos servidores públicos.