Anteproyecto de ley 174.

Cuando hablamos de administración pública lo asociamos muchas veces a 10 que establece y contempla nuestra Constitución Política en cuanto a la administración del Estado, las relaciones entre los poderes del Estado, sus ' funciones y la relación de estos con los ciudadanos, así com lo contempla la ley 38 del 31 de julio de 2000 "Que aprueba el estatuto orgánico de la procuraduría de la administración. Regula el procedimiento administrativo general y dicta disposiciones especiales. " Conceptualmente por su parte, lo podemos definir como "el lado práctico y comercial del gobierno y su finalidad es que los negocios públicos se realicen eficientemente y tan de acuerdo a los gustos y deseos del público como sea posible" (Wilson, 1887) . La Administración Pública contempla a los tres órganos del Estado, llámese Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las organizaciones e instituciones gubernamentales para que puedan realizar funciones exclusivamente administrativas del Estado. Tal como se explica, la Administración Pública busca proteger el bienestar colectivo del estado, y especialmente en el caso de los ciudadanos.

Es necesario destacar que el pueblo panameño, necesita conservar las características propias de la Administración Pública para que estas puedan fiscalizar y sancionar cuando esta así 10 contemplen. Entre las características que se pueden mencionar están: controlar los recursos y los bienes del Estado, la planificación, organización, administración del personal, coordinación, presupuesto, y en general el control y la dirección está condicionada al marco regulatorio que existe en nuestro país con base al principio de estricta legalidad.

Enfocado en los organismos internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por sus siglas CNUCC, plantea que, para prevenir y facilitar la recuperación de los activos ilícitos, se requiere no solo de la aplicación, sino también de la penalización de la ley, siendo necesario un punto de conexión de ambos. En la jurisdicción penal, el aumento de penas se percibe con mayor integridad, rendición de cuentas y transparencia en cada uno de los tipos penales en el sector público que se presentan en este anteproyecto de ley, para defender tanto la aplicación transparente de la administración pública así como para defender su integridad ante posibles transgresiones por individuos que procuran ingresar al servicio público no para servir, sino para servirse.

Así 10 contempla el artículo 17 de la Constitución: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales, dondequiera que se encuentren, y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción ... ". Entre las instituciones encargadas de esta protección se encuentran: La Procuraduría de la Administración, La Procuraduría General de la Nación, La Contraloría General de la República, El Tribunal de Cuentas y La Fiscalía de Cuentas, La Defensoría del Pueblo, y por último el Tribunal Electoral y La Fiscalía Electoral.

El desarrollo de nuestro país depende, en gran medida, de cómo se protege nuestra Administración Pública ya que siendo un eslabón sumamente importante promueve que el mismo sea eficiente, eficaz, moderno, siendo los ciudadanos los que podrán percibir y recibir un bienestar, y a su vez mejoras en su calidad de vida.

Los que tenemos la responsabilidad constitucional de proteger y custodiar la Administración Pública somos todos los ciudadanos, pero nuestros representantes son los servidores públicos. Estos funcionarios son nombrados de manera temporal o permanente en los distintos órganos del Estado o en entidades autónomas o semiautónomas. Ellos por la forma en que ingresan, ya sea por mérito o por otra circunstancia, logran tener una estabilidad en sus cargos, teniendo presentes que a ellos se les calificará y medirá por sus competencias, moralidad, honradez, responsabilidad y lealtad en el ejercicio de su cargo, para obtener una remuneración justa basada en el desempeño de sus capacidades.

Todo servidor público debe basarse en los siguientes principios generales: probidad, prudencia, justicia, idoneidad, responsabilidad y transparencia.

Lastimosamente, 10 que hoy vemos, es que cada día existen muchos más casos relacionados a los delitos contra la Administración Pública. Estas prácticas consisten, en la mayoría de los casos, en como un servidor público en el ejercicio de sus funciones, reciben o se benefician de servicios, valores, especies, provecho económico o cualquier otra que satisfaga sus necesidades personales. Lo que hoy vive el panameño de a pie es que, debido a la corrupción, existen deficiencias en el sistema educativo, hay inseguridad, desempleo y pobreza. Un estudio que realizó el Centro internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, por sus siglas es CIEPS, publicó su tercera encuesta de Ciudadanía y Derechos que señala que de manera consecutiva aparece la corrupción como el problema más reconocido con un puntaje de un 22,3%.

En los últimos años, la percepción de la corrupción en el sector público en Panamá ha empeorado, lo que ha promovido que haya una pésima puntuación en el ranking internacional de corrupción. Panamá perdió dos posiciones respecto a la del 2023, y lo que se observa es que sigue empatando en posiciones vergonzosas desde hace muchos años en materia de corrupción con los países más corruptos de la región. Según el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, Panamá ocupa la posición número 33 de 100 y se presenta en el rango de 114 de 180 países. Los rubros que cubren este ranking son: las violaciones de los derechos humanos, la obstaculización de los esfuerzos para combatir el cambio climático, la impunidad y los delitos ambientales.

Panamá ha logrado un crecimiento económico significativo, pero hoy, la sociedad no 10 percibe debido a la corrupción que se roba los sueños de los millones de panameños que, pagando impuestos, no ve cómo los mismos sean aprovechados de la mejor manera para mejorar su calidad de vida, sino que al contrario, parece alimentar las carteras y cuentas bancarias de los individuos que sirviéndose del Estado, entran pobres y salen millonarios.

El índice de Gini es una herramienta que mide la desigualdad económica del país, esta información nos permite conocer la desigualdad de ingresos y la de evaluar el impacto de las políticas gubernamentales. Con una puntuación de 48.9, Panamá es calificado con evidencia en las disparidades sociales mu1t~dimensionales en cuanto a muchos rubros, desde la etnia, el sexo, el género y demás, producto mayoritariamente de la corrupción que existe en nuestro país.

Debido a esto, el anteproyecto que presento se basa en aquellos delitos contra la administración pública que se encuentran en el Código PenaL Aquellos delitos donde su sujeto es determinado, en este caso los servidores públicos. Estos servidores que estando en una posición comprometida con el país que involucra las operaciones estatales diarias y en el que, valiéndose de su posición, buscan un beneficio en concepto de valores, dinero u otros.