Proyecto de ley 397.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su amitra,a- VotoS la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la as

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VolU:' médica y los servicios sociales necesarios. La Declaración Universal de los D &'b~os,ún _Humanos hace consideraciones adicionales sobre la seguridad en caso de debilitamiento fisico o discapacidad y hace una mención especial a la atención prestada a quienes se encuentran en la maternidad o la infancia. La Constitución Política de la República de Panamá, señala en su artículo 109 que es una función esencial del Estado velar por la salud de la población y que el individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar fisico, mental y sociaL En ese sentido, le corresponde al Ministerio de Salud, de conformidad con el Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969, la determinación y conducción de la política de salud del Gobierno en el país, el estudio, formulación y ejecución de estas, así como la supervisión y evaluación de todas las actividades que se realicen en el sector, en concordancia con la planificación de los recursos. Dentro de los objetivos estratégicos y líneas de acción de la política de salud están contempladas, entre otras: • Implementar planes, programas, proyectos, estrategias y acciones orientadas a la transformación de los servicios de salud, para que sean eficientes, eficaces, efectivos, equitativos y de calidad, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la humanización de la atención. • Determinar, en conjunto con otras entidades del Estado, mecanismos de financiación para proteger la salud de las personas y facilitar la coordinación de los recursos que se destinan al cuidado de la salud para la eliminación de las desigualdades en salud. El derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados con la salud son compromisos jurídicamente vinculantes consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La no discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos y es decisiva para el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud. El sistema de salud público en nuestro país enfrenta un déficit de personal de salud de diversas disciplinas, incluido el personal médico, así como la necesidad de mejorar las condiciones laborales y la formación continua de los profesionales de salud. Con un presupuesto más robusto se podrá invertir en la capacitación y contratación de más profesionales, asegurando la presencia de médicos, enfermeras y de un grupo de otras profesiones y técnicos de salud en todas las regiones del país, 10 que facilitaría una atenciónintegral bio-psico-social y el fortalecimiento de los componentes relacionados con 'l/ulU' la vigilancia y control de riesgos ambientales que impactan directamente la salud de nuestras profesiones. Además, se mejoraría la infraestructura tecnológica y la disponibilidad de equipos de salud, incrementando así la calidad y efectividad de los servicios de salud. Panamá es un país con disparidades geográficas y socioeconómicas que se reflejan en el acceso desigual a los servicios de salud. Un incremento en el presupuesto permitiría una distribución más equitativa de los recursos, priorizando zonas rurales y comunidades vulnerables, donde el acceso a servicios de calidad es limitado. De esta manera, se fortalecería el principio de la equidad en el sistema de salud, garantizando que todos los panameños, sin importar su condición socioeconómica o ubicación geográfica, puedan acceder a una atención de calidad. La crisis generada por la pandemia de COVID-19 evidenció la fragilidad de los sistemas de salud en todo el mundo y Panamá no fue la excepción. Aumentar el porcentaje del Pill destinado a salud permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias, incrementar los recursos destinados a investigación científica y asegurar el acceso a medicamentos y tratamientos innovadores. Asimismo, se podría robustecer el sistema de vigilancia epidemiológica y modernizar las infraestructuras hospitalarias y de atención hospitalaria. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el derecho a la salud y recomienda que los países inviertan un mínimo de 5% de su PIB en salud pública para garantizar sistemas de salud robustos. No obstante, en Panamá el presupuesto asignado al Ministerio de Salud en los últimos años, aproximadamente llega a un promedio de 3.4 %, Y de ese presupuesto luego de las transferencias de capital que debe realizar a otras instituciones, su presupuesto real queda en un monto que equivale al 2.1 % del producto interno bruto, luego de las transferencias que se realizan a las diversas instituciones y patronatos que por ley deben remitir el Ministerio de Salud. Varios estudios han demostrado que los países que invierten al menos un 7% de su Pill logran una mayor cobertura universal en salud, mejores indicadores de salud pública y mayor eficiencia en la prestación de servicios. En este sentido, Panamá, al adoptar este estándar, se alinearía con las mejores prácticas internacionales en términos de inversión en salud. El aumento del presupuesto solicitado le permitiría al MINSA fortalecer la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema de salud. La prevención es más costo-efectiva que el tratamiento y una inversión sostenida en programas preventivos, vacunación, promoción de estilos de vida saludables y el control de enfermedades crónicas no transmisibles, reduciría a largo plazo la carga sobre los hospitales y servicios especializados, resultando en un ahorro significativo para el Estado y una mejora en la calidad de vida de la población. El impacto económico de una inversión sostenida del 8% del Pill en salud no solo se traduciría en mejores resultados de salud para la población, sino también en un aumento de la productividad del país. Una población más sana es una población más productiva, 10 que incide positivamente en el desarrollo económico. A largo plazo, esta inversión contribuiría a la sostenibilidad del sistema de salud, reduciendo costos asociados a enfermedades prevenibles y mejorando la gestión de los recursos públicos. Esta propuesta legislativa debe verse como una inversión que contribuiría a mejorar la calidad de vida de la población, reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud de calidad y fortalecer el desarrollo económico y social de Panamá. Por todo 10 anteriormente expuesto, presento a su debida consideración esta propuesta legislativa.