Proyecto de ley 369.

Desde la promulgación de la Ley 42 de 20 de abril de 2011 , han transcurrido catorce años sin avances significativos en la implementación de los biocombustibles, debido a limitaciones técnicas, normativas y operativas. En agosto de 2021, por iniciativa del entonces diputado y compañero Julio Mendoza, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos prohijó el Proyecto de Ley 006, que culminó con la aprobación de la Ley 355 de 31 de enero de 2023, la cual adecúa diversas disposiciones del marco regulatorio vigente. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos legislativos, la política sobre biocombustibles aún no ha logrado una aplicación efectiva que beneficie a la nación. Esta falta de avances concretos ha frenado el desarrollo de oportunidades para agricultores, ingenios y pequeñas industrias locales, manteniendo rezagada una iniciativa que, bien gestionada, puede convertirse en motor de crecimiento económico, innovación tecnológica y desarrollo sostenible. Por ello, es imprescindible insistir en los cambios que el país requiere y que nuestro sector agrícola y económico demanda. La transición hacia una economía energética más limpia debe realizarse de manera equilibrada, procurando que los beneficios lleguen a las comunidades rurales, que se preserve la seguridad alimentaria y que se protejan los recursos naturales estratégicos, en particular el agua y las cuencas hidrográficas. El país necesita un nuevo impulso normativo que modernice el agro, dinamice la inversión privada e incorpore salvaguardas sociales, ambientales y económicas que permitan un desarrollo sostenible e inclusivo. La coyuntura laboral refuerza la urgencia de esta reforma: el desempleo va en aumento y las oportunidades no llegan. No podemos quedarnos de brazos cruzados ni seguir buscando excusas para evadir o dilatar las respuestas que la población necesita y exige. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la tasa de desempleo en Panamá asciende al 9.5% en 2024, mientras que el 49.3% de la población ocupada labora en condiciones de informalidad hasta octubre de 2024. De acuerdo con el Informe de Pobreza y Equidad 2024 del Banco Mundial, la situación es aún más crítica en las regiones rurales del interior del país, donde la tasa de pobreza alcanzó el 32.3% en 2023, en contraste con el 4.8% en áreas urbanas, y se eleva hasta el 76% en nuestras comarcas indígenas, donde el agro es un factor determinante para la subsistencia . Estos son los números de uno de los países con mayor desigualdad en la región y posiblemente en el mundo. El sector agrícola representa aproximadamente el 15% del empleo total en Panamá en 2023, con alrededor de 187,490 personas dedicadas a actividades agrícolas, forestales, de pesca y caza, principalmente en zonas rurales. Sin embargo, cientos de pequeños y medianos productores han migrado hacia la informalidad o han abandonado cultivos estratégicos, como el arroz, la papa y otros productos, debido a márgenes de ganancia insostenibles, baja productividad y ausencia de políticas de apoyo efectivas, sin que existan alternativas sustitutivas. Esta precariedad no solo agrava la pobreza rural, sino que subraya la necesidad apremiante de generar empleos formales y dignos en el interior del país, donde la dependencia del agro expone a las comunidades a vulnerabilidades climáticas y económicas. En este escenario, la consolidación de una cadena productiva nacional de biocombustibles, basada en materias primas locales como la caña y otros cultivos complementarios, constituye una oportunidad estratégica para reconvertir el agro, generar miles de empleos formales en regiones subdesarrolladas y revitalizar las economías regionales, contribuyendo a reducir la brecha urbano-rural. Este anteproyecto propone un modelo de crecimiento incluyente que promueve la participación activa de agricultores, cooperativas, asociaciones y pequeños productores en la cadena de producción. Se prevé la concesión de licencias diferenciadas, esquemas de asociación productiva y programas de capacitación coordinados por el Instituto Nacional de Agricultura (INA), asegurando que los beneficios de la industria lleguen directamente a quienes históricamente han sostenido la producción agrícola del país. De igual manera, se refuerzan las salvaguardas ambientales priorizando la gestión responsable del agua, la rotación de cultivos, la protección de cuencas estratégicas y la evaluación de los impactos acumulativos relacionados con el cambio climático. Además, se establecen límites máximos de extracción de agua y reservas obligatorias, con prioridad absoluta para el consumo humano y la producción alimentaria esencial, a fin de prevenir riesgos de desabastecimiento hídrico. El anteproyecto reafirma la soberanía alimentaria como principio rector de la política energética nacional. Para ello, incorpora salvaguardias que garantizan que la demanda de materia prima para biocombustibles no comprometa el abastecimiento interno de alimentos ni distorsione los precios de productos básicos, adoptando un modelo alineado con experiencias internacionales exitosas en países líderes como Brasil y Estados Unidos. Asimismo, Panamá enfrenta un entorno regional que genera nuevas oportunidades estratégicas. El creciente interés de empresas internacionales, particularmente brasileñas, en invertir en el sector panameño, sumado a los esfuerzos diplomáticos que actualmente despliega el país, se complementa con el proceso de acercamiento de Panamá al MERCOSUR como Estado Asociado, lo que abre espacios para la cooperación, la transferencia de tecnología y la integración productiva. En 2024, Panamá se unió a la Alianza Global de Biocombustibles, posicionándose para atraer inversiones en energías renovables.

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La poslclon logística privilegiada de Panamá, su conectividad regional y su potencial agrícola consolidan al país como un polo atractivo para la inversión en energías renovables. Sin embargo, para aprovechar este potencial, es indispensable un marco regulatorio claro, garantista y transparente, que priorice la inclusión de productores nacionales, fomente alianzas con ingenios locales y asegure una distribución equitativa de los beneficios, haciendo especial énfasis en la urgencia en la generación de empleos formales y crear nuevas oportunidades para el desarrollo del sector agropecuario.

L.-.---H.D. ARQUESIO ARIAS F. Diputado de la República Circuito 10-2

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