Proyecto de ley 368.

La protección del consumidor constituye un principio constitucional y de interés público en la República de Panamá. El artículo 52 de la Constitución reconoce el deber del Estado de velar por la salud, seguridad y educación de la población, mientras que los artículos 258 y 259 establecen la obligación de promover la transparencia y el equilibrio en las relaciones económicas y sociales.

Surge de la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la información de todos los consumidores panameños, reconociendo que detrás de cada contrato, documento o producto hay personas y familias que merecen respeto, dignidad y seguridad. En la actualidad, múltiples contratos de adhesión, documentos bancarios y etiquetas de productos utilizan letra pequeña, lenguaje ambiguo o información incompleta, dificultando que el consumidor ejerza plenamente su derecho a una decisión libre e informada. Esta práctica, conocida popularmente como "letra pequeña", constituye una desigualdad estructural entre proveedores y usuarios.

La mayoría de los consumidores enfrentan dificultades para comprender las condiciones de los contratos que firman, las cláusulas de los servicios financieros que contratan o la información de los productos que consumen diariamente. Adultos mayores, personas con discapacidad visual o cognitiva, familias de bajos ingresos y habitantes de áreas rurales son quienes más sufren las consecuencias de la desinformación o de la letra pequeña.

Asimismo, el auge de la economía digital y los contratos electrónicos ha multiplicado los escenarios en los que la falta de legibilidad y veracidad afecta al consumidor, incrementando los riesgos de prácticas abusivas y publicidad engañosa.

La falta de claridad en contratos, documentos bancarios, publicidades y plataformas digitales, que suelen estar redactados en términos técnicos, letra pequeña o lenguaje confuso.

En materia de etiquetado, la falta de claridad sobre la composición, el origen, la fecha de vencimiento de los productos, deficiente veracidad y legibilidad en las etiquetas de productos de consumo, tanto alimentarios como no alimentarios, que impiden una decisión de compra informada. ha generado controversias y quejas ciudadanas, comprometiendo la salud y la seguridad alimentaria de la población.

Este Anteproyecto busca garantizar la legibilidad, veracidad y accesibilidad de la información, fortaleciendo la transparencia en las relaciones de consumo mediante disposiciones claras sobre el tamaño de la letra, el uso de lenguaje sencillo, la prohibición de mensajes engañosos y la obligación de resaltar información esencial. Adultos mayores, personas con discapacidad, familias de bajos ingresos ·y habitantes de áreas rurales son quienes más sufren los efectos de la desinformación. Asimismo, el auge de la economía digital ha multiplicado los escenarios en los que la falta de legibilidad afecta al consumidor, incrementando los riesgos de prácticas abusivas.

Justificación:

La globalización del mercado exige que Panamá adopte estándares internacionales de protección al consumidor. Una información clara y veraz no solo fortalece la salud y seguridad de la población, sino que también impulsa la competitividad del comercio, creando un entorno económico más transparente y confiable.

Garantizar que el consumidor panameño reciba información clara, veraz, visible y comprensible en contratos, documentos financieros, plataformas digitales y etiquetas de productos.

Proteger la salud de la población mediante etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas con exceso de componentes nocivos.

Modernizar la legislación panameña para armonizarla con estándares internacionales. Promover la transparencia y la confianza en el mercado.

Un contrato redactado en términos confusos puede significar una deuda impagable; una etiqueta engañosa puede implicar riesgos a la salud; y un anuncio publicitario exagerado puede empujar a una familia a tomar una decisión económica contraria a su bienestar.

Por ello, esta Ley se construye sobre dos pilares fundamentales: 1. Regular la información en contratos, documentos financieros y medios digitales, garantizando que ningún consumidor firme o acepte condiciones que no pueda comprender.

2. Establecer normas claras y obligatorias de etiquetado general de productos, asegurando que toda persona pueda identificar de manera sencilla y rápida qué está consumiendo, cuáles son sus componentes y qué riesgos puede tener.

Este proyecto es, en esencia, una Ley de equidad social, porque busca reducir la desigualdad entre el consumidor común y las grandes empresas, devolviendo poder al más débil en la relación de consumo.

La claridad y veracidad en la información no son privilegios, son un derecho humano básico ligado a la salud, la seguridad y la dignidad de cada persona.

En conclusión, esta Ley asegura que todo consumidor en Panamá pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, tornando decisiones informadas, fortaleciendo la seguridad jurídica y elevando el patrón de transparencia en las relaciones económicas.

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ATHANEDIR YEGA Diputado de la República Circuito 4-5