Proyecto de ley 340.

El Canal de Panamá constituye la columna vertebral de la economía nacional y un símbolo de nuestra soberanía. Desde el 31 de diciembre de 1999, cuando la República de Panamá asumió la administración plena del Canal, esta vía interoceánica ha demostrado ser uno de los activos estratégicos más valiosos del país, no solo como motor económico, sino como fuente constante de recursos financieros para el Estado panameño. Desde la reversión del Canal a manos panameñas hasta la fecha, el Canal ha permitido al Estado panameño sostener gastos e inversiones de gran envergadura. Sin embargo, pese a 10 monumental de sus aportes, la ciudadanía panameña no cuenta con un mecanismo claro, accesible y amigable que permita rastrear, con precisión, el uso y destino de estos fondos. La opacidad en el manejo de los aportes del Canal representa una seria amenaza a la confianza ciudadana en las instituciones públicas y fomenta la percepción de que dichos recursos podrían estar siendo desviados hacia prácticas clientelistas, gastos superfluos o estructuras burocráticas que poco contribuyen al bienestar colectivo. Este panorama se agrava cuando observamos gastos de funcionamiento del Estado que no necesariamente redundan en beneficios directos a la población. Entre estos se incluyen aumentos injustificados de planillas, gastos administrativos onerosos y estructuras institucionales infladas que perpetúan un aparato estatal ineficiente. A falta de un control efectivo y de una rendición de cuentas clara, se abre la puerta a prácticas como el clientelismo, las denominadas "planillas brujas" y la contratación de "botellas", es decir, funcionarios que cobran salarios sin desempeñar funciones reales. La falta de transparencia en el uso de estos recursos constituye una contradicción dolorosa en un país que, como Panamá, ha logrado consolidar su democracia y aspira a un desarrollo sostenible basado en el fortalecimiento de la institucionalidad, la participación ciudadana y la confianza en sus autoridades. Es deber del Estado garantizar que los fondos públicos -yen especial los provenientes de un recurso estratégico como el Canal- se administren con responsabilidad, eficiencia y transparencia, en aras de maximizar su impacto en el bienestar de todos los panameños. El presente anteproyecto de ley nace de la imperiosa necesidad de dotar al país de un mecanismo legal accesible que permita a cualquier ciudadano conocer, de forma sencilla, el destino y uso de los fondos que el Canal de Panamá aporta al Tesoro Nacional. A través de la creación de un sistema de trazabilidad financiera, basado en principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, se busca que la ciudadanía pueda verificar en qué proyectos, programas o gastos específicos se están invirtiendo los recursos que provienen del Canal. Este sistema permitirá conocer no solo los montos aportados año tras año, sino también los proyectos concretos en los que se aplican, la entidad ejecutora responsable, los avances en su ejecución, los resultados obtenidos y la justificación de los gastos incurridos. Se trata de un paso esencial para fortalecer la democracia, empoderar al ciudadano y asegurar que cada balboa proveniente del Canal sea invertido con responsabilidad y de manera que contribuya al desarrollo equitativo del país. Es justo que los aportes del Canal sean destinados de manera que impacten positivamente la calidad de vida de los panameños con proyectos de inversión, tales como infraestructura vial, educativa y de salud; programas de vivienda; iniciativas de desarrollo económico local; ciencia, tecnología e innovación; y demás que generen empleos sostenibles y oportunidades para las actuales y futuras generaciones, y que no se conviertan en simples gastos de funcionamiento corriente que, lejos de promover el desarrollo, perpetúan un aparato estatal costoso, ni mucho menos en una fuente permanente para cubrir déficits operativos o alimentar estructuras clientelares, que distorsionan el ejercicio democrático. El derecho de acceso a la información es un principio consagrado en nuestra Constitución y en la legislación nacional. La Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, reconoce expresamente el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades gubernamentales. Sin embargo, en la práctica, este derecho se ve limitado por la falta de mecanismos eficaces, la dispersión de la información, el uso de lenguaje técnico inaccesible para la mayoría de los ciudadanos y la ausencia de plataformas tecnológicas diseñadas con enfoque en la ciudadanía. Por ello, el presente anteproyecto establece la obligación de mantener en funcionamiento una plataforma, actualizada periódicamente, que detalle con precisión el destino de los fondos canalizados desde la Autoridad del Canal de Panamá hacia el Tesoro Nacional. Esta plataforma deberá ser amigable, es decir, diseñada con lenguaje claro, datos de fácil comprensión y herramientas que faciliten la navegación incluso a usuarios sin conocimientos especializados. Además, deberá estar disponible en formatos accesibles para personas con discapacidad, en cumplimiento con las normas nacionales e internacionales sobre inclusión y accesibilidad. La adopción de este sistema de trazabilidad financiera contribuirá a fortalecer la transparencia, indispensable para un buen gobierno. Solo a través de un ejercicio oportuno y claro de rendición de cuentas podremos construir un país más justo, donde los recursos se gestionen en beneficio de toda la nación panameña. Con esta iniciativa, se pretende fomentar la cultura de la participación ciudadana, de modo que cada panameño pueda ejercer su derecho a fiscalizar la gestión pública y exigir a sus autoridades el uso responsable y eficiente de los recursos del Estado. Se busca dotar todo el engranaje relacionado con el uso de los fondos aportados por el Canal de Panamá de mayor legitimidad y eficiencia, eliminando espacios de opacidad. Una gestión transparente y abierta a la ciudadanía incentiva la inversión extranjera, mejora la imagen del país ante la comunidad internacional y fortalece la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Además, la trazabilidad y transparencia sobre los aportes del Canal de Panamá permitirá generar estadísticas y datos valiosos que podrán servir como insumo para la elaboración de políticas públicas más eficientes y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades reales de la población. La presente propuesta responde a un reclamo legítimo de la sociedad panameña, que exige saber qué se hace con el dinero que le pertenece a todos, máxime cuando proviene de un activo estratégico como lo es el Canal de Panamá. En suma, esta iniciativa constituye un paso hacia la construcción de un Panamá más transparente, más justo y más comprometido con el uso responsable de sus recursos. Por todas las razones expuestas, presentamos este anteproyecto de ley, convencidos de que su aprobación contribuirá a cimentar un Estado más transparente, a fortalecer nuestra democracia y a garantizar que el Canal de Panamá siga siendo, no solo símbolo de nuestra soberanía, sino también motor de bienestar, progreso y equidad para todos los panameños.

ItD. Betserai Richards Circuito 8-6