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Proyecto de ley 364.

Que regula el nombramiento, funciones, responsabilidades y requisitos mínimos del tesorero(a) de las juntas comunales en la República de Panamá

Alexandra Brenes

Fundamento de la iniciativa

Exposición de motivos

Lectura del expediente; coteja las dudas con el documento original.

En la actualidad, Panamá enfrenta una profunda crisis de credibilidad institucional a raíz de múltiples escándalos relacionados con el uso indebido de fondos públicos en juntas comunales. La figura del tesorero de junta comunal, aunque crucial para garantizar la transparencia y el manejo adecuado del erario público, opera sin una regulación específica que delimite claramente sus funciones, requisitos, prohibiciones y responsabilidades.

Entre los años 2019 y 2024, la Contraloría General de la República auditó 72 juntas comunales y remitió al Ministerio Público informes que revelan el uso irregular de más de 20 millones de balboas. Estas auditorías mostraron prácticas como la falta de documentación, compras simuladas, pagos por obras inexistentes y transferencias injustificadas. Paralelamente, la Autoridad Nacional de Descentralización ha presentado más de 280 denuncias ante el Ministerio Público por presunto uso irregular de fondos relacionados con el programa de "descentralización paralela", ejecutado entre 2019 y 2023 .

Entre 2023 y 2024, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información recibió 683 denuncias, en su mayoría anónimas, y sancionó a 16 funcionarios, incluyendo miembros de juntas comunales, por faltas éticas como nepotismo, uso indebido de bienes del Estado y conflicto de interés; sanClOnes que incluyeron descuentos a su salario y recomendaciones de destitución. En 2025, se han gestionado más de 1,000 denuncias, de las cuales más de 183 fueron remitidas al Ministerio Público para investigación. Además, la Autoridad Nacional de Transparencia inició inspecciones oculares en juntas comunales tras detectar deficiencias en transparencia y acceso a información y desde 2023 ha incorporado las 679 juntas comunales del país en su Monitoreo Mensual de Transparencia, conforme a la Ley 6 de 2002.

Adicionalmente, el propio Ministerio Público confirmó que mantiene abiertas alrededor de 140 investigaciones activas por posibles delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios de juntas comunales, incluyendo tesoreros, fiscales y representantes. La gravedad de estos hechos se agudiza cuando se considera que, en ese mismo periodo, se transfirieron más de 320 millones de balboas desde el gobierno central hacia las juntas comunales y municipios del país, de los cuales al menos 39 juntas comunales aún no han rendido cuentas, según la Autoridad Nacional de Descentralización.

Esta situación evidencia la necesidad impostergable de establecer una regulación que fortalezca los principios de transparencia, legalidad, ética y rendición de cuentas en el nivel de los gobiernos locales. En particular, se hace imprescindible normar el perfil y las funciones de quien, como tesorero de junta comunal, custodia y administra recursos públicos destinados al desarrollo comunitario.

Este anteproyecto de ley busca establecer los requisitos mínimos, funciones esenciales, prohibiciones, proceso de selección, régimen de rendición de cuentas, capacitación obligatoria y un marco claro de responsabilidad administrativa, civil y penal para el cargo de tesorero de las juntas comunales, en consonancia con los principios establecidos en la Constitución, el Código de Ética de los Servidores Públicos, la Ley 66 de 2015 sobre descentralización, y la Ley 6 de 2002 de transparencia.

Adicionalmente, esta iniciativa legislativa tiene como propósito prevenir la designación de personas sin las credenciales necesarias para manejar fondos públicos, establecer un estándar mínimo de formación y capacitación, reducir los riesgos de corrupción, nepotismo y uso indebido de los recursos del Estado, fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión local, así como mejorar la ejecución de proyectos comunitarios mediante una administración responsable y profesional.

Regular adecuadamente esta figura contribuirá al fortalecimiento de la democracia local, garantizará un manejo ético de los recursos públicos y devolverá a la ciudadanía la confianza en las instituciones del Estado.

Lo someto a su consideración, colegas diputados, solicitándoles respetuosamente su apoyo desde el prohijamiento hasta los tres debates legislativos de este documento que busca ser consensuado y fortalecido con sus aportes.

Por lo antes expuesto presento ante el pleno de la asamblea el proyecto de ley "Que regula el nombramiento,junciones, responsabilidades y requisitos mínimos del tesorero(a) de las juntas comunales en la República de Panamá" hoy 13 de agosto de 2025.