Anteproyecto de ley 120.

La República de Panamá atraviesa una coyuntura fiscal sumamente compleja, caracterizada por un creciente déficit presupuestario, el aumento sostenido de la planilla estatal, la acumulación de deuda pública sin las previsiones técnicas necesarias para su sostenibilidad y, además, limitaciones en la capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades básicas de la ciudadanía en áreas fundamentales como la educación, la salud y el acceso al aguá potable.

La estabilidad financiera del Estado requiere la adopción de medidas fiscales responsables, que aseguren la sostenibilídad de las finanzas públicas sin comprometer el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. En este sentido, se hace imprescindible una contención rigurosa del gasto público en todas las entidades del sector público.

Si bien la contención del gasto ordinario es una obligación ineludible, hemos sido testigos de incrementos salariales sustanciales en diversas áreas, incluyendo a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes han adoptado regímenes especiales con beneficios adicionales. Estos aumentos, en el contexto de la grave crisis económica que enfrentamos, son, en nuestra opinión, irresponsables e injustificados. Como representantes del pueblo, tenemos la obligación de velar por que las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado guarden proporcionalidad con la realidad económica del país y con los principios de equidad y justicia social. Cabe resaltar que, en el actual contexto de crisis económica, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia perciben salarios que duplican los del Presidente de la República, lo que crea una distorsión inaceptable entre los altos funcionarios y la realidad económica de la población.

No podemos permitir que se continúen tomando decisiones que generen un escenario de privilegios injustificados, que contravengan el principio de igualdad ante la ley y que aumenten la brecha entre la administración judicial y la realidad económica del país. Ante las decisiones irresponsables que ha venido adoptando la Corte Suprema·de Justicia, las cuales afectan la percepción de las instituciones públicas y fomentan la desconfianza de la ciudadanía, presento esta iniciativa con el objetivo de reducir el salario de los Magistrados y eliminar aquellos privilegios que, en el contexto actual, resultan innecesarios e injustificados.

Esta propuesta se fundamenta en el respeto a la Constitución de la República, que establece la prohibición de fueros y privilegios, y en los principios de proporcionalidad en el uso de los recursos públicos, responsabilidad fiscal y la prevalencia del interés público sobre los intereses particulares.

El reclamo ciudadano es legítimo y se encuentra plenamente justificado. Los servidores públicos, y en particular los de mayor jerarquía, deben estar plenamente comprometidos con la realidad social, económica y moral de la nación, y actuar en congruencia con los principios de austeridad y equidad que reclama el pueblo. La reducción y establecimiento de un tope salarial para los Magistrados envía un mensaje claro de compromiso con la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la igualdad ante la ley, elementos fundamentales para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del Estado.

Cabe señalar que esta iniciativa no busca menoscabar la independencia judicial, ni la dignidad del cargo de los Magistrados, sino más bien garantizar que las retribuciones se mantengan dentro de niveles justos, razonables y acordes con la realidad económica del país.

La independencia judicial se sostiene en la inamovilidad, imparcialidad y protección frente a presiones externas, no en la magnitud de las remuneraciones percibidas.

Además, se propone la eliminación de ciertos privilegios contemplados en el artículo 64 del Código Judicial, que otorgan a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Justicia el derecho a importar vehículos libres de impuestos y gravámenes cada tres años, así como el beneficio de recibir hasta cien galones de gasolina mensual para el uso de sus vehículos personales. Dichos beneficios, además de ser desproporcionados, carecen de justificación objetiva en relación con el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, pues los Magistrados disponen de vehículos oficiales para realizar sus traslados en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, resulta incongruente con los principios de justicia social y ética que deben guiar la función pública.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley, cuyo propósito es reducir y fijar un límite máximo a la remuneración de los Magistrados de la República, con el fin de garantizar un manejo responsable de las finanzas públicas, fortalecer la legitimidad de las instituciones del Estado y promover los principios de justicia social y equidad.