Proyecto de ley 313.

La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 233 indica que es responsabilidad del municipio, como entidad fundamental de la división políticoadministrativa del Estado, prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y que corresponde al Órgano Ejecutivo garantizar el cumplimiento de dichos fines, dentro del proceso de descentralización de las competencias y función pública del Estado panameño.

Es así como en cumplimiento de este precepto constitucional, se aprueba la Ley 37 de 29 de junio de 2009, que Descentraliza la Administración Pública, con la cual de da inicio a la organización del proceso de descentralización y el traspaso de competencias y recursos hacia el gobierno local.

Posteriormente, la Ley 37 de 2009 fue suspendida mediante la Ley 77 de 27 de noviembre de 2009, hasta el 30 de junio de 2014, para luego ser modificada por la Ley 66 de 29 de octubre de 2015 que resultó del consenso de los gremios municipales, la Asociación de Municipios de Panamá (AMUP A), de la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALP A), la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE) y con el respaldo del Órgano Ejecutivo.

En esa oportunidad, como resultado de esos acuerdos se aprobó entre otras modificaciones, el uso del impuesto de bien inmueble por los municipios de la República una vez que fueran recaudados por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como las competencias a las que se dirigirían dichos recursos.

Han pasado 16 años de haber iniciado este proceso y se hace necesario avanzar en las etapas del mismo, dirigiendo a los municipios a asumir nuevos paradigmas, retos y responsabilidades que redunden en beneficio de las comunidades que representan, preparándolos para que cuenten con las capacidades de asumir un verdadero traslado de competencias administrativas y económicas, por parte del Órgano Ejecutivo, garantizando controles para implementar una descentralización ordenada, transparente y responsable en la utilización y manejo de fondos y que la inadecuada administración de los recursos conlleve consecuencias para aquellos que no cumplan con los parámetros establecidos en la Ley.

En base a lo anterior, la iniciativa que se presenta en esta oportunidad contempla aspectos importantes, entre los que se pueden mencionar, el establecimiento e implementación de mecanismos de transparencia, control, rendición de cuenta y seguimiento en la gestión municipal, como es el caso de la utilización del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas de la Contraloria General de la República de Panamá (SIERC) o cualquier otro sistema de transparencia que promueva dicha institución, además de la obligación de mantener actualizadas las páginas electrónicas de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANT Al) sobre rendición de cuentas, que garanticen el acceso a la información pública, promoviendo la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en la inversión pública municipal, con el propósito de permitirle a los ciudadanos obtener información y asegurar el derecho a estar informados sobre la gestión municipal. En ese mismo orden de ideas se incluye a la Contraloría General de la República como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización.

De igual forma esta iniciativa tiene entre sus objetivos garantizar la participación ciudadana, estableciendo la obligatoriedad de la conformación de las juntas de desarrollo local e impulsando otros mecanismos de participación en todas las etapas del proceso de descentralización y de gestión municipal.

Por otro lado, se plantea asegurar la planificación estratégica participativa para el desarrollo territorial del Distrito, con carácter obligatorio para todos los gobiernos locales y su incumplimiento limitara el traslado de competencias y de cualquier transferencia de recursos de inversión.

El Anteproyecto también contempla aspectos relacionados al fortalecimiento de las arcas municipales indicando que cuando las obras sean financiadas por el Estado y ejecutadas por la empresa privada, estas deberán pagar obligatoriamente a los municipios, los tributos, los derechos o las tasas correspondientes, de acuerdo con el valor de la inversión que se realice en su jurisdicción territorial, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas y la entidad contratante solicitaran al contratista el paz y salvo municipal, al momento que la empresa presente, cada una de la gestión de cobro sobre el pago de la obra en desarrollo o realizada.

Otro aspecto desarrollado es lo relacionado con la capacitación continua e ininterrumpida de los gobiernos locales y funcionarios, que permita fortalecer las capacidades y lograr cumplir con los elementos o criterios necesarios para que sean objeto de una acreditación que indique que están preparados para asumir el traslado de competencias.

En síntesis, este nuevo proceso conlleva la participación de todas las partes para retomar la confianza en el ciudadano, por lo que el fortalecimiento de la participación ciudadana en los planes de los gobiernos locales, es más que importante.

Esta iniciativa recoge las necesidades de las comunidades que busca un gobierno local cercano, capacitado para cumplir con el traslado de las competencias, que faciliten la pronta ejecución de proyectos con una asignación de recursos necesarios para asumir las mismas, implementando medidas y mecanismos que permitan un adecuado, transparente y eficiente uso de los fondos asignados.

Esta reforma busca optimizar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, siendo necesario la reclasificación de los municipios con el objeto de establecer una distribución equitativa, siempre que se cumplan con los indicadores que esta iniciativa propone.

Finalmente, quiero resaltar que como municipalista mi misión y objetivo será siempre luchar por el fortalecimiento de los gobiernos locales, e impulsar mecanismos para que, a través de estos se pueda dar la respuesta a las comunidades y se promueva el desarrollo de las mismas.

Tengo la convicción que un proceso de descentralización transparente, ordenado y con la participación de los ciudadanos puede contribuir a un mejor país donde se atiendan las necesidades sociales y donde lo primordial sea cumplir con una comunidad necesitada que exige respeto y prontas soluciones.