Anteproyecto de ley 106.

El desarrollo de biocombustibles en la República de Panamá se justifica por la imperiosa necesidad de diversificar la matriz energética nacional, reducir la histórica dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de sostenibilidad ambiental, reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático. Esta transición hacia una economía energética más limpia debe realizarse sin sacrificar la seguridad alimentaria ni desatender la situación socioeconómica de las regiones agrícolas del país, hoy golpeadas por el desempleo, la informalidad y el abandono del campo.

Panamá ha dado pasos importantes en el diseño de políticas públicas orientadas a la incorporación de fuentes renovables como el bioetanol; sin embargo, la ejecución práctica de dichas políticas ha enfrentado obstáculos técnicos, normativos y operativos que han limitado sus efectos. Desde la promulgación de la Ley 42 de 20 de abril de 2011 han transcurrido catorce años, y no se han logrado avances significativos en la puesta en marcha de este sector productivo e innovador. Por ello, se hace necesario impulsar reformas legales que reactiven la iniciativa privada nacional y permitan fortalecer, modernizar y corregir las debilidades del marco legal vigente, con un enfoque territorial, rural, social y productivo. Esta invitación al sector privado panameño, debe ir de la mano con la inclusión del trabajador del campo de nuestro país, pero teniendo que adoptar las garantías y las medidas necesarias que compensen equitativamente el aporte de estos dos actores de la vida productiva del país.

Nuestro país atraviesa una coyuntura crítica en su mercado laboral. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la tasa de desempleo se ha elevado al 9.5%, y casi la mitad de la población ocupada lo hace en condiciones de informalidad. La situación es aún más grave en las zonas rurales, donde el acceso a empleos dignos, sostenibles y formalizados es limitado. La migración de cientos de pequeños y medianos productores hacia la informalidad o el abandono de rubros tradicionales como el arroz, producto de márgenes de ganancia insostenibles y condiciones adversas, confirma la urgencia de reactivar el agro mediante incentivos reales y viables. En este sentido, la cadena productiva de los biocombustibles, especialmente aquellos derivados de la caña de azúcar, el sorgo y otras materias primas locales, ofrece una oportunidad concreta de reconversión y crecimiento con arraigo territorial.

La promoción de biocombustibles no debe entenderse únicamente como una política energética o ambiental, sino como una verdadera palanca estratégica para el desarrollo rural. La creación de cooperativas, la formalización de la provisión de materia prima, el acceso a licencias diferenciadas y la participación de colonos, agricultores y pequeños productores como actores principales de esta cadena son pilares del modelo que se busca consolidar. La legislación aquí propuesta no es sólo técnica: es también social.

Está diseñada para garantizar que los beneficios de esta industria lleguen efectivamente al campo, a las comunidades y a las familias panameñas que por décadas han sostenido al agro sin mayores apoyos.

Simultáneamente, esta iniciativa de Ley, establece como principio esencial el respeto a la seguridad alimentaria y al equilibrio de los precios de los productos básicos de consumo humano, priorizando que el uso energético de materia prima no distorsione los mercados internos ni comprometa el abastecimiento de alimentos. Esta preocupación no es exclusiva de Panamá: países como Brasil y Estados Unidos han incorporado en sus normativas mecanismos concretos para proteger sectores agrícolas estratégicos, ya sea mediante cuotas, reservas o sistemas de estabilización de precios. Panamá debe hacer lo propio y evitar errores ya cometidos en otros sectores.

En este escenario, el país también se proyecta como un destino atractivo para la inversión internacional en biocombustibles. El reciente interés mostrado por empresas brasileñas, expresado públicamente por el embajador de Brasil, encuentra sustento en la infraestructura logística del país, su conectividad regional y el proceso de incorporación de Panamá como Estado Asociado al MERCOSUR. Esta ventana de oportunidad debe ser aprovechada sin sacrificar el interés nacional, orientando las inversiones hacia esquemas de asociación productiva con cooperativas, ingenios locales y productores nacionales. Para ello, el marco normativo debe ser claro, garantista y transparente, estableciendo condiciones específicas para el otorgamiento de licencias, los requisitos técnicos, las metas mínimas de producción y los mecanismos de control y rendición de cuentas.