Proyecto de ley 392.

En muchas regiones del país se ha vuelto una práctica reiterada que particular SÁJrJWd6WSluiru\JUlU" terrenos colindantes con caminos de uso tradicional o público, procedan a 'Y&Uatd~tal---e- l/u,"''' parcialmente, con o sin el ánimo de adueñarse de dichos caminos.

En ciertas regiones el impedimento al libre tránsito afecta inconmensurablemente el desarrollo de poblaciones rurales, toda vez que limitan el acceso de turistas, visitantes citadinos y propios lugareños, impidiendo el surgimiento de pequeños comercios, actividades de sustento e inclusive el acceso para la promoción de fincas que quedando incrustadas pierden la plusvalía que brinda el mejoramiento paulatino de los caminos brindados por las autoridades regionales.

El problema se agrava cuando particulares, actuando de mala fe, solicitan a la autoridad (competente globos de terreno que incluyen deliberadamente caminos de uso tradicional o público, ocultando su naturaleza o fingiendo que se trata de terrenos baldíos. Esta práctica constituye un abuso contra el interés colectivo, pues usurpa bienes comunes, desconoce la memoria territorial de las comunidades y obstaculiza el desarrollo sostenible y equitativo de zonas con potencial turístico o ecológico.

Las inquietudes de los pobladores que se perciben a diario, señalando el cierre de accesos a lugares turísticos bajo la figura de adjudicación de tierras sin el cumplimiento de la función social por parte de quienes se apropian del predio y que más tarde, resultan en cobrar el acceso a los puntos conspicuos en varias zonas del país, los cuales eran y deben continuar gratuitos, me llevan a presentar este anteproyecto de ley amparado en mis funciones como Diputado de la República, conforme al artículo 150 de la Constitución Política de Panamá, que establece que "Los Diputados en interés de la nación y representan en la Asamblea

Nacional a sus respectivos partidos políticos ya los electores de su Circuito Electoral".

Solo en nuestro circuito, en un pequeño radio aproximado de tres kilómetros (3 km) existen ya cerrados nueve (9) caminos que eran de acceso público, cuyos miembros de la comunidad utilizaban para tener acceso a sus potreros, fincas y áreas de recreación.

El concepto de última ratio se hace inminente, toda vez que el bien jurídico protegido, "el libre tránsito", una vez lesionado, no ha podido ser reparado mediante la vía gubernativa, por las limitaciones que tienen los lugareños frente a quienes violan los accesos y que una vez interrumpido dicho bien, se afecta y muchas veces para siempre, la infraestructura vial que sustenta el ordenamiento territorial, la conectividad rural y de igual forma la integración entre zonas productivas, residenciales y zonas de interés turístico.

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad reforzar la protección del derecho de libre tránsito y acceso colectivo, penalizando el cierre arbitrario de caminos de uso público, especialmente aquellos que conducen a bienes de uso común y patrimonios turísticos o ambientales del país. De igual forma pretende sancionar a quienes sin haber cumplido con la función social intentan adueñarse de globos de terrenos pertenecientes a parques nacionales, zonas arqueológicas, monumentos naturales, áreas protegidas u otros sitios de valor ecológico, cultural, turístico o comunitario.

Por lo antes expuesto, consideramos necesario y oportuno adicionar los artículos 229-A y 229-B al Código Penal, con el propósito de proteger efectivamente el derecho al libre tránsito por caminos y espacios de uso público, así como resguardar el patrimonio ecológico, cultural y comunitario de la Nación. Esta iniciativa busca tipificar conductas que afectan directamente el acceso de la ciudadanía a bienes colectivos y prevenir prácticas fraudulentas en los procesos de titulación de tierras reforzando así el interés público, la legalidad y la justicia social.