Proyecto de ley 292.

En ejercicio de la atribución constitucional contemplada en el literal c del numeral 1 del artículo 165 de la Constitución Política, para presentar proyectos de leyes siempre que se trate de la expedición o reformas de los Códigos Nacionales, someto a la consideración de los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley "Por el cual se modifican artículos del Código Penal relativos a los Delitos contra la Administración Pública".

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad adecuar la legislación penal panameña a los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción, fortaleciendo la respuesta del Estado frente a conductas que afectan gravemente la legitimidad institucional, la justicia social y el desarrollo económico del país.

La corrupción se manifiesta cuando personas u organizaciones actúan en función de intereses privados o ajenos a los fines públicos que les han sido confiados, lo cual constituye una traición a la confianza social y un abuso del poder delegado. Esta conducta implica el desvío de funciones, recursos y decisiones, afectando el principio de legalidad, la equidad y la eficiencia en la gestión pública.

En este contexto, el Derecho Penal constituye un instrumento legítimo de control social orientado a salvaguardar los bienes jurídicos fundamentales del Estado y, en particular, la probidad administrativa. La intervención penal, debidamente regulada por la Constitución y la ley, permite sancionar de manera proporcional, disuasiva y ejemplar a quienes, desde posiciones de poder o autoridad, incurren en prácticas corruptas como la malversación de fondos públicos, el abuso de autoridad, los pagos ilícitos, el tráfico de influencias, el fraude en contrataciones públicas, entre otros.

Este enfoque es coherente con los compromisos asumidos por la República de Panamá al suscribir y ratificar la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida, 2003). Ambos instrumentos obligan a los Estados Parte a adoptar medidas legislativas eficaces para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, reconociendo que esta socava los valores democráticos, debilita el Estado de derecho y genera desigualdad.

La corrupción tiene un impacto devastador en la economía nacional, al desviar recursos públicos hacia fines privados en detrimento de las grandes mayorías. Contribuye al deterioro de los servicios esenciales como la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura pública, el acceso a agua potable, saneamiento y otros derechos fundamentales. Asimismo, mina la confianza ciudadana en las instituciones y favorece la impunidad.

Frente al contexto actual, marcado por altos niveles de denuncias públicas por actos de corrupción, es indispensable adoptar medidas legislativas tanto preventivas como represivas, que refuercen el marco penal sustantivo y eleven las penas de prisión aplicables a los delitos contra la administración pública. La finalidad es establecer un régimen punitivo más firme y acorde a la gravedad de estas conductas.

Desde la entrada en vigor del Código Penal en 2008, las sanciones relativas a estos delitos no han sido objeto de una reforma integral. Aunque en su momento la Ley 26 de 2008 introdujo importantes innovaciones ---como la tipificación del fraude en contrataciones públicas y la responsabilidad específica de funcionarios judiciales, fiscales y administrativos-, la evolución del fenómeno corrupto exige hoy una respuesta penal más contundente.

En consecuencia, el presente proyecto de ley propone elevar las penas de prisión para delitos como el peculado, el cohecho, la corrupción de servidores públicos y el fraude en las contrataciones públicas, en aras de garantizar su real eficacia disuasoria y propiciar sanciones ejemplares que contribuyan a recuperar la confianza ciudadana.

Finalmente, esta propuesta normativa se presenta como un punto de partida para el debate democrático, abierto a los aportes de los diversos actores del sistema de justicia penal, la sociedad civil, la academia y los sectores productivos, con el objetivo de construir un ma o legal robusto y eficaz en la lucha contra la corrupción.

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