Anteproyecto de ley 86.
Que establece el programa permanente de entrega domiciliaria de medicamentos por parte de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones.
Alexandra Brenes
Fundamento de la iniciativa
Exposición de motivos
Lectura del expediente; coteja las dudas con el documento original.
Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha un programa excepcional de entrega domiciliaria de medicamentos. Esta medida, dirigida principalmente a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas con movilidad reducida, permitió garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos sin necesidad de exposición a contagios ni desplazamientos innecesarios. La experiencia demostró ser no solo viable y eficiente, sino también profundamente humana.
Tras superar la etapa crítica de la pandemia, persiste la realidad de que miles de panameños especialmente en sectores densamente poblados como el circuito 8-5 (Panamá Norte), enfrentan obstáculos considerables para movilizarse a las instalaciones de la CSS. Entre las razones más frecuentes están la edad avanzada, las condiciones de salud, la discapacidad, la falta de acceso al transporte o las responsabilidades laborales Estas circunstancias no solo dificultan el acceso a los medicamentos, sino que generan largas filas en los puntos de dispensación, exponen a los pacientes a condiciones climáticas adversas y, en muchos casos, provocan interrupciones en los tratamientos.
De acuerdo con datos recientes, aproximadamente el 35% de los asegurados de la CSS son personas mayores de 60 años, muchas de ellas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y afecciones cardiovasculares. Además, se ha registrado un aumento del 12% en la demanda de medicamentos crónicos, lo que ha intensificado la congestión en las farmacias institucionales. Esta situación exige respuestas institucionales modernas, sensibles y sostenibles.
En ese contexto, este anteproyecto de ley propone establecer un marco legal que permita a la CSS implementar y desarrollar, de forma regulada y permanente, un sistema de entrega domiciliaria de medicamentos. Esta propuesta busca facilitar el acceso oportuno a tratamientos médicos esenciales mediante mecanismos tecnológicos, logísticos y administrativos que prioricen la atención a:
• Personas con enfermedades crónicas.
• Adultos mayores de 60 años.
• Personas con discapacidad debidamente certificada.
• Asegurados que enfrenten barreras físicas o logísticas para acudir presencialmente a las farmacias de la institución.
De manera respetuosa con la autonomía institucional que le reconoce su ley orgánica, el anteproyecto contempla disposiciones que habilitan a la CSS para desarrollar plataformas de solicitud en línea o telefónica, así como para suscribir convenios, siempre bajo criterios de seguridad, confidencialidad, trazabilidad y eficiencia. No se trata de imponer cargas administrativas adicionales, sino de facilitar herramientas que permitan a la institución actuar con mayor capacidad de respuesta frente a una necesidad real y persistente de su población asegurada.
Este proyecto, en concordancia con la autonomía funcional de la Caja de Seguro Social, establece un marco legal habilitante que le permite desarrollar, fortalecer y reglamentar un servicio que ya ha demostrado su efectividad durante la pandemia, sin interVenir en su estructura interna ni limitar sus competencias legales. Su base se encuentra, además, en el artículo 159 numeral 11 de la Constitución Política de la República, que faculta a la Asamblea Nacional a dictar normas generales o específicas sobre el funcionamiento de las entidades autónomas del Estado. En este sentido, el anteproyecto no contradice dicha autonomía, sino que actúa como un respaldo legislativo a una práctica ya ejercida de forma temporal y que hoy, por su valor humano y funcional, merece continuidad.
Este modelo ya ha sido adoptado con éxito en varios países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce el acceso efectivo a los medicamentos como un componente esencial del derecho fundamental a la salud, impulsando programas de entrega domiciliaria que han mejorado la adherencia terapéutica y la satisfacción del paciente. Experiencias similares en México, Chile y Uruguay han validado este enfoque como una política pública eficiente, sostenible y centrada en el usuarIO.
En Panamá, el presente anteproyecto encuentra su base en diversos principios constitucionales y legales. El artículo 109 de la Constitución Política establece que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, mientras que el artículo 110 dispone que el Estado adoptará políticas y programas orientados a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud para toda la población. Desde esta perspectiva, facilitar la entrega domiciliaria de medicamentos representa una forma concreta de cumplir con ese mandato constitucional, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables.
A nivel institucional, el proyecto se fundamenta en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, contenida en el Texto Único de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, y reformada por las Leyes 2 de 2007, 70 de 2011, 45 de 2017, 419 de 2024 y 462 de 2025. Esta ? normativa otorga a la CSS la capacidad de desarrollar y modernizar sus servicios de atención en salud, con apego a los principios de eficiencia, equidad, continuidad y humanización del servicio público.
Por tanto, este anteproyecto no impone obligaciones arbitrarias, sino que propone un marco normativo que respalda, estimula y acompaña a la CSS en la consolidación de prácticas institucionales ya probadas, alineadas con su misión legal y su compromiso social. Se trata de avanzar con decisión hacia un sistema de salud más justo, accesible, que ponga a las personas en el centro, no en la fila ni en el olvido, particularmente en regiones donde los retos de acceso y equidad sanitaria son evidentes y requieren soluciones innovadoras.
Garantizar el acceso oportuno a los medicamentos no es un privilegio, es una obligación del Estado. Este anteproyecto representa una oportunidad para traducir en acción concreta los principios constitucionales y los aprendizajes institucionales que nos dejó la pandemia, avanzando hacia un modelo de atención en salud más digno, moderno y solidario.
Exposición de motivos
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