Anteproyecto de ley 80.

En Bocas del Toro, la provincia del banano y el cacao, el pasado viernes 20 de junio no fue un día cualquiera. En esta provincia trabajadora y una de las zonas más importante de país en materia de turismo, el Gobierno decretó la suspensión de las garantías constitucionales, y con ella, se apagó el Internet, el derecho a protestar, y también el de hablar.

El Consejo de Gabinete aprobó el estado de urgencia por cinco días y posteriormente 10 postergo por otros cinco días, esto como respuesta a la creciente violencia que, según las autoridades, había superado los límites de una manifestación social.

Los diferentes cuerpos de seguridad comenzaron a aumentar paulatinamente su pie de fuerza a más de 2.000 unidades para según ellos intentar restablecer el orden en la provincia de Bocas del Toro, en muchos de los casos haciendo uso indiscriminado de la fuerza y usando métodos que atentan contra los derechos humanos de las poblaciones, resultando afectados cientos de personas estando dentro de sus hogares de forma pacífica sin participar en las protestas. El reporte oficial por parte de gobierno detallo que 140 personas fueron detenidas durante los disturbios. Entre ellas, 14 mujeres, 115 hombres y 11 menores de edad. Extraoficialmente se habla que una persona murió en el contexto de las manifestaciones.

Según las declaraciones del viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, que informó en una conferencia de prensa que, tras dispersar una protesta con gases lacrimógenos el martes 17 de junio, la Policía "dio con el hallazgo de un ciudadano que se encontraba tirado en la vía" con "una herida en la espalda". Según el funcionario, el herido fue atendido por paramédicos y trasladado al hospital, donde se dictaminó "su deceso". Por la manipulación de los diferentes medios de comunicación por parte del gobierno, los datos de los heridos son extraoficiales y se habla de cientos y mucho de ellos con heridas de consideración.