Proyecto de ley 324.

El principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos impone al Estado panameño el deber de asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y deberes sin barreras económicas ni logísticas. Sin embargo, muchas entidades públicas actualmente alquilan oficinas que no disponen de estacionamientos gratuitos para los usuarios, obligando a los contribuyentes a asumir costos adicionales para poder realizar trámites obligatorios, como declaraciones, pagos, solicitudes o reclamaciones ante el Estado. Esta práctica contradice los principios de eficiencia administrativa, atención al interés público y trato digno al administrado, consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá y en normas de procedimiento administrativo. Además, representa una carga desproporcionada para sectores de la población que ya enfrentan limitaciones económicas o dificultades de movilidad. La presente ley tiene como objeto garantizar, de manera transversal, que toda entidad pública que arriende oficinas para atención presencial a ciudadanos asegure la disponibilidad de estacionamientos gratuitos para los contribuyentes. Se trata de una medida simple, de bajo costo institucional, pero de alto impacto social, que contribuye al fortalecimiento del servicio público y a la dignificación del trato al ciudadano.

Diputado de la República.