Proyecto de ley 302.

En los últimos años, las estafas y fraudes cometidos a través de medios electrónicos han aumentado significativamente a nivel mundial, afectando tanto a ciudadanos como a empresas. La creciente digitalización de servicios financieros y comerciales, combinada con el incremento del uso de páginas web para la realización de transacciones, ha traído consigo nuevos desafios en materia de seguridad. Casos como el de QuadrigaCX, que evidenció la pérdida de millones de dólares por la falta de transparencia en la gestión de activos digitales, han puesto de manifiesto la necesidad urgente de un marco regulador que proteja a los usuarios del entorno digital.

Actualmente, el comerclO electrónico y la digitalización de las transacciones son pilares fundamentales de la economía moderna. Sin embargo, la ausencia de marcos legales modernos y efectivos ha dejado vulnerables tanto a los consumidores como a las empresas frente a actividades ilícitas como la suplantación de identidad, fraudes en las plataformas de comercio electrónico, y la manipulación de información. En este contexto, los ciberdelincuentes han encontrado oportunidades para operar con impunidad, aprovechando los vacíos legales y la falta de recursos de los sistemas judiciales para enfrentar este tipo de delitos.

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Este proyecto de ley tiene como objetivo llenar estos vacíos mediante la creación de un marco normativo que permita no solo prevenir, sino también sancionar de manera efectiva las estafas que se cometen a través del uso de páginas web, La ley busca implementar medidas de control y la tipificación de nuevas modalidades delictivas en el Código Penal panameño, asegurando así que los responsables de cometer estos delitos sean llevados ante la justicia y que los usuarios puedan tener la certeza de que existen mecanismos de protección adecuados.

Asimismo, la aprobación de esta ley incentivará la confianza del público en el comercio electrónico y otros servicios digitales, lo cual es esencial para la expansión económica y la competitividad en el entorno global. La regulación adecuada no solo protegerá a los consumidores, sino que también ofrecerá a las empresas un entorno más seguro para operar, reduciendo los riesgos de pérdidas y aumentando la estabilidad y la seguridad de las transacciones.

Además, el marco de ley promueve la cooperación internacional, dado que muchos de los fraudes en línea trascienden las fronteras nacionales. Una legislación clara y actualizada facilitará la colaboración con otros países y organismos internacionales en la lucha contra el cibercrimen, fomentando así un esfuerzo conjunto y coordinado contra estas amenazas globales.

En conclusión, la aprobación de esta leyes fundamental para garantizar la protección de los usuarios de internet y fortalecer la seguridad del ecosistema digital, promoviendo la transparencia y la integridad en el uso de páginas web y servicios digitales.

JAMIS ACOSTA GUERRA Diputado de la República Circuito 4-1