Proyecto de ley 408.

En la administración pública panameña, una de las expresiones más evidentes de la corrupción estructural y el clientelismo político persistente es la figura de los funcionarios que, sin realizar labor alguna, reciben salarios del Estado. Esta práctica, ampliamente conocida como la de las "botellas", afecta gravemente la eficiencia del aparato estatal, atenta contra la moral administrativa y constituye una afrenta directa al principio de justicia y equidad en la función pública.

Esta práctica no solo debilita la administración, sino que también es inmoral y representa una carga económica injustificable. De hecho, Panamá registra una de las tasas más altas de empleados públicos per cápita en América Latina, con un 15.6% de su fuerza laboral en el sector público, por encima del promedio regional del 10%.

Desde el inicio de su mandato, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se ha manifestado de manera firme en contra de esta práctica. En su discurso de toma de posesión, el 1 de julio de 2024, el presidente afirmó con contundencia:

"Vamos a eliminar las botellas. Se acabó la fiesta. Aquí el que no trabaja, no cobra.

y si cobra sin trabajar, será sancionado".

A pesar de esta declaración de voluntad política, la figura del funcionario que cobra sin trabajar sigue siendo común en múltiples entidades del Estado. Se trata, en muchos casos, de personas nombradas por vínculos políticos o personales, en detrimento de profesionales idóneos y comprometiendo seriamente la calidad de los gastos públicos.

En enero de 2025, durante su primer informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, el presidente Mulino reiteró su posición y denunció públicamente la existencia de un Estado sobredimensionado por prácticas clientelistas:

"No hay cama para tanta gente, eso es así. Ya no habrá dinero público para botellas ni gastos indiscriminados. Tampoco para contratos mal concebidos en beneficio de selectos grupos ".

"Solicito a los diputados hacer el trabajo de presentar proyectos sustentados que ayuden al Estado a ser mejor. ( .... ) Respeto esta Asamblea y su independencia, pero debo pedirles que el mismo énfasis que le ponen a los debates lo pongan para elaborar leyes que permitan achicar el Estado y eliminar botellas ""

Estas declaraciones reflejan el mandato político y ético que sustenta este Anteproyecto de Ley: atacar de raíz una práctica que, por décadas, ha lesionado el patrimonio estatal y minado la confianza ciudadana en sus instituciones.

El problema no es solo ético, sino económico. Según cifras de la Contraloría General de la República, para abril de 2025, el Estado panameño mantenía una planilla de 256,750 funcionarios, con un sueldo bruto mensual de B/.426.3 millones. Este tamaño de la planilla estatal, muchas veces sin justificación funcional ni mejora evidente en los servicios públicos, afecta el balanée fiscal y aumenta la deuda pública del Estado panameño.

Además, auditorías recientes de la Contraloría detectaron posibles lesiones patrimoniales por nombramientos de personas que mantenían doble empleo o que no podían justificar el salario recibido. Estos casos fueron remitidos al Ministerio Público, lo que pone en evidencia la falta de controles y sanciones eficaces para frenar este fenómeno.

A pesar de la gravedad del problema, el ordenamiento jurídico vigente presenta vacíos. El Código Penal contempla sanciones únicamente para quien cobra sin trabajar, pero no castiga penalmente a quien realiza el nombramiento irregular, ni al cómplice o encubridor que permite la permanencia de estas personas en la planilla estatal. Este vacío ha facilitado la impunidad de quienes utilizan los cargos públicos como favores políticos, sin consecuencias legales proporcionales.

El presente Anteproyecto de Ley tiene como objetivo subsanar ese vacío, estableciendo con claridad que tanto el funcionario que cobra sin trabajar como quien 10 nombra o facilita su permanencia cometen delitos graves contra la administración pública. Asimismo, se incrementan las penas según el grado de lesión al patrimonio del Estado y se contemplan agravantes en casos donde exista ánimo de lucro compartido.

Erradicar esta práctica contribuirá a lograr un Estado más eficiente, austero y justo. En el sector privado, pagar .salarios a quienes no producen sería inadmisible; en el Estado, financiado con los impuestos de todos los panameños, resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética, social, jurídica o económica.

Este anteproyecto responde al clamor popular por una administración pública responsable, que funcione con base en el mérito, que rinda cuentas, que sirva con profesionalismo, y que garantice que cada centavo del presupuesto nacional se invierta en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La Asamblea Nacional tiene hoy una oportunidad histórica de acompañar al Ejecutivo en este esfuerzo por ordenar la casa, cortar de raíz prácticas corruptas de clientelismo y sentar las bases de un servicio público moderno, ético y funcional.