Proyecto de ley 328.

1. Antecedentes y propósitos.

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La participación activa de los padres de familia, en el sistema educativo es Uln)aarvesenCi~rp~ra ,.

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el fortalecimiento de este sistema. Las asociaciones de padres de familia, como órganos de apoyo y colaboración, han desempeñado un papel fundamental en la mejora de las infraestructuras escolares, apoyos logísticos, actividades curriculares y extracurriculares.

No obstante, la regulación vigente contenida en el Decreto 3 de 20 de enero de 1989 y el Decreto 245 de 16 de julio de 1985, ha demostrado estar desactualizada y genera vacíos legales, como inconsistencias y debilidades en la fiscalización del manejo de fondos. Esta situación ha permitido que, en múltiples casos, se presenten malas prácticas administrativas, afectando directamente la confianza de los padres y el bienestar de la comunidad educativa.

Entre las irregularidades más comunes se han documentado: 1. Gastos injustificados, regalos o convivios que no guardan relación con los objetivos de la Asociación de Padres de Familia, ni con el beneficio directo de los estudiantes. 2. Falta de rendición de cuentas sobre el uso de las cuotas aportadas por los padres, acumulando años de sin informes financieros ni auditorías internas. 3. Retiro de dinero en efectivo, sin justificación, sin comprobantes de gastos, ni autorización de la Asamblea General. 4. Uso personal de fondos de la Asociación de Padres de Familia por parte de la Junta Directiva, sin que existan mecanismos efectivos para detectar y sancionar estas conductas. 5. Ausencia de registros contables, lo cual imposibilita la trazabilidad de las transacciones realizadas y crea un entorno de opacidad y discrecionalidad.

Este proyecto tiene como propósito unificar bajo una sola normativa moderna y eficaz, el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, tanto dentro de la educación básica general y la educación media, garantizando la transparencia en el manejo de recursos y su destino optimo en beneficio de los estudiantes.

n. Justificación. Para ello, se incorporan mecanismos claros de control financiero, rendición de cuentas, sanciones ante incumplimientos y requisitos de archivo documental, fomentando una cuitura de legalidad, responsabilidad y participación democrática.

Entre los avances más relevantes se destacan: La obligación de rendir informes semestrales y anuales de gestión ante la Asamblea General.

1. La apertura obligatoria de cuentas bancarias en bancos estatales, con excepciones debidamente justificadas para zonas de difícil acceso. 2. La creación de un Comité de Fiscalización con participación del Consejo de Delegados. 3. Reglas estrictas sobre el uso de caja menuda, con un límite de B/.500.00 balboas. 4. Prohibición a cualquier miembro de la Asociación de Padres de Familia disponer, transferir, o manejar fondos de la asociación mediante depósitos, retiros o transferencias directas hacia sus cuentas bancarias personales o de terceros. 5. La prohibición a la Asociación de Padres de Familia contratar directa o indirectamente a personas que mantengan vínculos de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con cualquiera de sus miembros directivos. 6. La obligatoriedad de resguardar documentación oficial en archivos físicos y digitales dentro del centro educativo. 7. La limitación del periodo de la Junta Directiva a los dos años, son posibilidad de reelección, consecutiva, promoviendo la rotación de liderazgos. 8. La transparencia en el uso de los fondos para seguros colectivos, mejoras de infraestructura, comedores escolares y actividades extracurriculares. 9. La distribución equitativa de los fondos y la obligación de pagar compromisos adquiridos antes de la entrega de la gestión a la nueva junta. 10. Prohibiciones expresas sobre la venta o cesión de activos digitales de la Asociación de Padres de Familia. 11. Infracciones, sanciones y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativa, incluyendo la omisión de la convocatoria obligatoria de la Asamblea General, del Consejo de Delegados y la Junta Directiva corno infracción sancionable.

11. Datos estadísticos. Casos contra Asociaciones de Padres de Familia.

1. Cantidad de casos según área geográfica. Área

Total

Básica general

Premedia

Media

Geográfica

101

62

9

30

Bocas del Toro

4

1

3

Chiriquí

16

5

11

Coclé

17

9

Colón

3

Darién

1

1

Herrera

1

1

Los Santos

3

1

Panamá

16

13

Panamá Oeste

29

24

San Miguelito

4

4

Veraguas

7

3

2

6 3

2 3

3

2

2

2

Datos relevantes: • La provincia de Panamá Oeste cuenta con 28.71 % de los casos. • La segunda provincia con más casos es Coclé con 16.83% de los casos. • Chiriquí y Panamá empatan ambas con 15.84% de los casos. 2. Cantidad de casos según años. Total

Básico general

Premedia

Media

101

(2

9

30

Año :D16

1

1

:D17

3

1

1

1

:D18

11

3

2

6

:D19

10

6

::uD

3

1

:mI

4

3

2022

7

7

::m3

21

13

Xll4

29

19

Xll5

12

19

4 1

1 1

5

3

10

1

2

Datos relevantes: •

Los años con más denuncias se registraron entre los años 2023 - 2024 con cincuenta denuncias. Van en aumento las denuncias.

3. Cantidad de casos según estado procesal. Años

Estado

Total procesal

101

:D16

:D17

Declinatoria

1

1

1 a juez de Archivo

35

7

9

Cerrado

4

2

1

Cumplimiento

2

Sección

1

2018

:D19 aro

Xlll am m

2J24

2025

1

2

8

3

3

1

1

2 1 cuarta Económico Derivada a 1

1 mediación Fase de 1

47 investigación Fase de juicio oral

3

1

3

11

21

11

Fase

2

1

1

1 intermedia Sentencia

1

1

Suspendid

1

1 l'I (l'Icnerno el e Suspendida

1

1

(mediación Suspendido

1

1

Suspensión

1

1

1 condicional L ,",,-

Datos relevantes. • 3:165%de los casos se archivan. • 4ffi3%se encuentran en fase de investigación. •

1% llegó a sentencia.

• 1%paso a Juez de Paz.

Este proyecto es conforme y desarrolla los artículos 91 y 95 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Esta propuesta legislativa representa un paso hacia el fortalecimiento del sistema educativo oficial de Panamá, dotando a las asociaciones de padres de familia de un marco claro, participativo y fiscalizado que promueve el bienestar de los estudiantes y la transparencia institucional.

Por lo anteriormente expuesto, confiando en que su implementación redundará en beneficios significativos para la educación oficial y el bienestar de la población de Panamá, con el mayor de los respetos presentamos a consideración de este Honorable Pleno esta iniciativa legislativa esperando contar con sus aportes y respaldo, y luego de surtido el trámite legislativo aprobado en tres debates, se convierta en Ley de la República.