Proyecto de ley 252.

La vivienda accesible es un Derecho Humano y es fundamental para darle estabilidad a las personas. En Panamá, el acceso a una vivienda propia es cada vez más dificil, en especial para personas jóvenes que están en búsqueda de su primer hogar. Los precios de nuevas viviendas son cada vez más altos y obligan a las personas a vivir en propiedades arrendadas pagando elevados costos considerando que resulta inviable y poco práctico vivir en las periferias de la ciudad. Mientras tanto, en la ciudad abundan propiedades vacías con letreros de "Se Vende". Es una situación perder-perder tanto para el joven que está buscando tener su propio hogar como para el propietario que necesita vender su propiedad y no encuentra un comprador. Desde 1985, Panamá ha tenido como política pública el apoyo para la compra de vivienda por medio de la Ley 3 de 20 de marzo de 1985 que creó un incentivo de interés preferencial para el préstamo hipotecario. Dicha iniciativa y sus modificaciones contempla que el Estado subsidie por un tiempo determinado parte de los intereses de préstamos hipotecarios cuando el valor de la propiedad se encuentre entre B/.40,000.00 y B/.180,000.00. Lo anterior fue implementado con el objetivo principal de permitir que los ciudadanos adquieran vivienda propia a través de préstamos hipotecarios con tasas de interés accesibles al amortiguar los pagos mensuales. Como consecuencia de la entrada en vigencia de esta norma legal, miles

_ ---1 de familias se han visto beneficiadas en todo el territorio nacional durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, aunque la legislación se ha adaptado varias veces para acomodar las realidades de sus beneficiarios y los costos de mercado, el enfoque ha permanecido exclusivamente en viviendas nuevas. Esto se debe a que de esa forma se incentivaba la industria de la construcción para el desarrollo de nuevos complejos habitacionales. El resultado de ese enfoque ha sido la creación de numerosas urbanizaciones de baja densidad que hicieron a la zona urbana crecer de manera exponencial e insostenible a largo plazo. Ante esta realidad, urge cambiar de perspectiva para evitar que los efectos negativos del crecimiento urbano insostenible y los costos de vida siguen aumentando, mientras que al mismo tiempo se reduce drásticamente la calidad de vida de los ciudadanos, quienes cada vez tienen mayores dificultades para comprar una vivienda. Hoy, para poder comprar una vivienda dentro del régimen de interés preferencial, una persona tiene que vivir a las afueras de la ciudad porque es ahí donde se construyen nuevos proyectos residenciales. Esto trae costos más elevados a largo plazo tanto para el ciudadano como para el Estado debido a que, al crecer exponencialmente el territorio de la ciudad, el Estado no ha logrado construir infraestructura pública que cumpla con la nueva demanda de servicios públicos. Evidencia de esto es que con frecuencia vemos noticias de poblaciones enteras con viviendas propias, pero sin acceso al agua, sin redes de transporte público eficientes, y con un escaso o inexistente acceso a áreas públicas y parques. Una forma en la que el Estado puede coadyuvar para mejorar la calidad de vida de estas personas es facilitando el financiamiento accesible a viviendas en el centro de la ciudad, muchas de las cuales se encuentran dentro del rango de precios comprendidos en la norma para ser beneficiadas por el interés preferencial, empero no califican al régimen simplemente por no tratarse de viviendas nuevas. Por 10 anterior y en busca de crear condiciones económicas favorables para todos los ciudadanos, hemos desarrollado incentivos dirigidos al segmento de viviendas de segunda. Los incentivos para la compra de viviendas tienen múltiples beneficios tanto para los ciudadanos como para el desarrollo sostenible de la comunidad. Al incentivar la compra de viviendas usadas, el sector inmobiliario se dinamiza, se crean oportunidades de empleos y se incrementa el movimiento económico en las diferentes industrias que dan apoyo a dicho sector. Al tener comunidades con mayor densidad de población y movimiento de personas, las empresas y emprendimientos locales expanden su clientela y ven beneficios en sus negocios. Al tener mayor oferta inmobiliaria con intereses accesibles, los ciudadanos pueden tener una vivienda propia como inversión a largo plazo para su futuro y el de su familia, algo que no sucede cuando se arrienda. Según cifras de las Naciones Unidas, en 2018 el 55% de la población mundial vivía en áreas urbanas. Este número se espera que aumente a 68% para el año 2050. América Latina y el Caribe lleva una ventaja sobre la media mundial, pues se estima que el 81 % de su población , . vive en áreas urbanas. El reto para las ciudades en tomo al futuro es que ese crecimiento de zonas urbanas sea sostenible no solamente para el medio ambiente sino también para las personas que allí habitan. El ajuste de enfoque hacia el incentivo de compra de viviendas usadas ya se ha llevado a cabo en países como Chile, Uruguay, México y Canadá, en donde diferentes mecanismos de apoyo para préstamos hipotecarios aplican para viviendas tanto nuevas como usadas. Esto se debe a que el beneficio que se busca obtener es el incentivo de compra de viviendas bajo una perspectiva de sostenibilidad urbana. La presente propuesta busca crear el marco jurídico para acceder a incentivos económicos para la adquisición de las viviendas usadas o de segunda mano. Esto tiene como objetivo principal aunque parezca sencillo, que finalmente cientos de familias puedan adquirir una vivienda propia que cumpla con sus necesidades mientras que el crecimiento urbano se mantiene sostenible y las infraestructuras ya existentes tienen la posibilidad de una segunda vida.

H.D. Y AMIRELIZ CHONG DIPUTADA DE LA REPÚBLICA CIRCUITO 3-1