Proyecto de ley 228.

INTRODUCCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN FINANCIERA DEL CONSUMIDOR.

La regulación financiera y la protección al consumidor son aspectos fundamentales en cualquier sistema económico moderno, especialmente cuando se trata de garantizar que las personas y empresas participen en transacciones financieras de manera segura, transparente y j lista. En los últimos años, los sistemas Jinancieros inf()rmales, las prácticas usureras y la falta de control sobre las deudas prescritas han generado serias preocupaciones sobre la integridad del mercado y el bienestar de los consumidores. Estas prácticas, que operan al margen de las leyes establecidas. no solo afectan la estabilidad económica de los individuos, sino que también ponen en riesgo la conJianza en las instituciones financieras reguladas. La intervención del Estado en este contexto es esencial para evitar que los actores financieros no autorizados exploten a los consumidores mediante tasas de interés exorbitantes o el cobro de deudas ya vencidas legalmente. De igual fOfila. el fortalecimiento de las leyes contra la captación ilegal de recursos o el otorgamiento de préstamos sin la debida autorización contribuye a un sistema financiero más robusto, donde las reglas son claras. y las sanciones para quienes las violen son severas.

Una legislación efectiva en este campo no solo se enfoca en penalizar las conductas fraudulentas, sino tmnbién en prevenir que tales prácticas se sigan repitiendo, a través de medidas disuasivas y educativas. Las reformas que apuntan a regular el sistema financiero y proteger a los consumidores deben ser, por tanto, dinámicas y adaptarse a las nuevas formas de intermediación financiera que surgen constantemente, especialmente en un contexto de digitalización y nuevas tecnologías.

Este enfoque no solo busca la sanción, sino también la prevención, creando un entorno en el que los consumidores se sientan protegidos. y las entidades tlnancieras operen dentro de un marco de legalidad y ética. Por lo tanto, una ley bien estructurada y ejecutada contribuye no solo a la estabilidad del sistema tlnanciero. sino también a la conJianza y seguridad de los ciudadanos en las instituciones que gestionan su dinero .

.JUSTIFICACIÓN:

REGULACIÓN

CONTRA

PR.ÁCTICAS

FINANCIERAS

ILEGALES

La reciente reforma a la Ley 14 de mayo de 2007 responde a la creciente preocupación por la prolíferación de prácticas financieras ilegales y la falta de regulación en actividades que implican la captación de recursos del público. En la actualidad, es cada vez más común que personas y entidades ajenas al sistema tlnanciero formal lleven a cabo operaciones de préstamo o captación de dinero sin la debida supervisión, 10 que representa un grave riesgo para la estabilidad económica de los ciudadanos y para la integridad del mercado financiero r- en generaL Estas prácticas, además de ser ilegales. a menudo son pet:judiciales para los consumidores, quienes se ven obligados a lidiar con altos intereses o condiciones abusivas que los colocan en situaciones de vulnerabilidad.

Lajustificación de la ley radica en la necesidad de enfrentar este tipo de delitos que afectan a los más desfavorecidos, quienes son los principales blancos de los prestamistas informales y usureros. Muchos de estos individuos recurren a métodos coercitivos y hasta violentos para exigir el cumplimiento de pagos, lo que puede llevar a la ruina económica de los prestatarios. Es Jtmdamental, por tanto, implementar sanciones claras y severas para quienes operen fuera de la ley, con el Gn de disuadir a quienes se aprovechan de la falta de regulación para explotar a Jos más vulnerables.

Además, la ley responde a la necesidad ele actualizar el marco legal en materia financiera, adaptándolo a los nuevos desatlos del entorno económico actual. El auge de las plataformas de préstamos informales y la creciente digitalización de las finanzas han creado nuevos vacíos regulatorios que pueden ser aprovechados por actores malintencionados. Es por ello que la ley establece medidas contundentes para regular y sancionar las actividades financieras no autorizadas. garantizando que solo las entidades debidamente reguladas por las autoridades competentes puedan ofrecer servicios financieros al público. Por otro lado, es importante destacar que la ley también reconoce las diferencias entre aquellas actividades de financiamiento realizadas de manera ocasional y sin ánimo de lucro, y las que son ejecutadas de manera sistemática con fines de lucro. Esto permite una diterenci.ación adecuada, asegurando que aquellas prácticas legítimas no sean criminal izadas injustamente, mientras que se intensitica la lucha contra las actividades ¡licitas que atentan contra el bienestar de los consumidores y la estabilidad financiera del país.

Por último, la reforma de la ley busca brindar una mayor seguridad jurídica y financiera tanto a los consumidores corno al sistema financiero en su conjunto. Al establecer sanciones claras y especificas para quienes lleven a cabo prácticas de captación ilegal de recursos o impongan condiciones abusivas, se refuerza la confianza del público en las instituciones tinancieras reguladas y se previene la proliferación de actividades ilegales que podrían tener consecuencias devastadoras para la economía nacional.

OH.JETIVOS: PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y REGULACIÓN IlEL SISTEMA FINANCIERO

El objetivo de esta leyes fortalecer la protección de los consumidores y el sistema financiero en Panamá, promoviendo un entorno económico más transparente, seguro y justo. Para lograrlo. la ley establece mecanismos de penalización para las prácticas financieras ilegales, asegurando que las personas y entidades que operen en el sistema financiero lo hagan dentro de los márgenes establecidos por las autoridades competentes. Una de las principales preocupaciones de la leyes la intermediación tinanciera no autorizada, que expone a los consumidores a riesgos innecesarios, fraudes y condiciones abusivas. Con este fin, la ley busca erradicar estas prácticas ilegales, sancionando severamente a quienes se aprovechan de la falta de regulación para ofrecer productos financieros sin la debida supervisión estatal.

Además, establece Límites claros para el cobro de intereses, pat1icuiarmente en cuanto a las tasas que se imponen en operaciones de financiamiento y crédito. El propósito de esta regulación es prevenir situaciones de usura, garantizando que los préstamos sean accesibles y justos, sin abusos de prestamistas no autorizados. Otra medida clave de la leyes la regulación del cobro de deudas prescritas, que hace referencia a aquellos intentos de exigir el pago de deudas que ya no son legalmente exigibles por el paso del tiempo. Este tipo ele cobros, frecuentemente realizados mediante tácticas de intimidación o fraude, genera angustia en los deudores . Con la nueva legislación, se asegura que no se les pueda exigir el pago de estas dli!uelas presclitas mediante medios ilícitos, protegiendo así los derechos de Jos consumidores frente a abusos financieros.

MARCO LEGAL: MODELOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN FINANCIERA

La captación ilícita de recursos financieros es una práctica fraudulenta que pone en riesgo la estabilidad económica y la protección de los consumidores. Para combatir este delito, varios países han implementado leyes que regulan las actividades financieras, sancionan la intermediación no autorizada y protegen a los ciudadanos de abusos. Algunos ejemplos de como implementar esta legislación se presenta en los siguientes países:

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, México

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en México regula

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las actividades 'financieras no bancarias, estableciendo requisitos claros para las entidades que deseen ofrecer servicios financieros . Esta ley es fundamental para prevenir la captación ilícita de recursos financieros, ya que determina que todas las personas o entidades que realicen actividades de captación de ahorro del público deben estar debidamente autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Aquellas que operen sin esta autorización se exponen a sanciones severas, que pueden incluir multas significativas y penas de prisión.

Adicionalmente, la ley establece un marco de control sobre las tasas de interés que se pueden aplicar en productos financieros, con el objetivo de evitar prácticas de usura. Esto garantiza que los consumidores no sean explotados con condiciones abusivas en los créditos o préstamos. Además, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito permite a las autoridades supervisar la legalidad de las operaciones financieras, asegurando que estas no peljudiquen la estabilidad económica y el sistema financiero del país.

Código Penal Español, España

El Código Penal Español incluye disposiciones específicas sobre la captación ilícita de recursos financieros, en particular en los atiículos relacionados con el tfaude y la estafa. Estas disposiciones tienen como objetivo sancionar a aquellas personas o entidades que realicen actividades fin~ncieras sin la debida autorización, protegiendo de esta manera al público y al sistema financiero. La ley establece penas severas para aquellos que operen fuera del marco legal, incluidas penas de prisión y multas, para quienes ofrezcan productos financieros sin estar registrados ante las autoridades competentes, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España.

Además, el Código Penal sanciona el uso de medios fraudulentos para atraer a los consumidores, como la falsificación de documentos, la suplantación de entidades financieras legales o el ofrecimiento de productos con información falsa. La intención es proteger la seguridad financiera y la confianza del público, asegurando que solo las instituciones debidamente autorizadas puedan ofrecer servicios tlnancieros. Estas medidas están diseñadas para mantener la transparencia en el sistema financiero y prevenir el daño económico a los ciudadanos, garantizando que las prácticas financieras se ajusten a la normativa y protejan los derechos de los consumidores.

Directiva 2014/17/UE sobre los Contratos de Crédito al Consumidor para Bienes Inmuebles, Unión Europea (UE)

La Directiva 2014117/UE establece un marco común para los contratos de crédito al consumidor destinados a la adquisición de bienes inmuebles, como hipotecas y préstamos relacionados con la compra de propiedades en la Unión Europea. Su principal objetivo es proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en las operaciones financieras. Para ello, exige que las entidades que ofrezcan estos productos financieros estén debidamente reguladas y supervisadas por las autoridades competentes en'cada país miembro. Esto asegura que los prestamistas operen dentro de los márgenes legales y actúen de manera ética y conforme a los estándares establecidos por la legislación europea, protegiendo a los consumidores de posibles abusos o fraudes financieros.

Un aspecto clave de la directiva es su énfasis en la información clara y accesible que debe ser proporciori"ada a los consumidores antes de la firma de cualquier contrato. Las entidades financieras deben garantizar que los consumidores comprendan los términos y condiciones de los productos (ffrecidos, incluidos los tipos de interés, comisiones, plazos y cualquier otro cargo adicional. De esta manera, se busca evitar que los usuarios se vean atrapados en condiciones ~esventajosas o engañosas. promoviendo la transparencia y ]a toma de decisiones informadas. La directiva también establece límites estrictos para las tasas de interés y las ,comisiones, protegiendo a los consumidores contra la usura y el cobro de intereses excesivos.

Además, la directiva prohíbe las prácticas abusivas o fraudulenta,,>, como la captación ilícita de fondos, y establece un sistema de supervisión más riguroso para las entidades financieras. En caso de que se detecten irregularidades, las autoridades nacionales tienen la facultad de intervenir y tomar medidas cOlTectivas, asegurando que las operaciones sean justas para los consumidores y no pongan en riesgo su bienestar financiero. La normativa también fomenta la cooperación entre las autoridades regulatorias de los diferentes países miembros para garantizar la armonización de las prácticas financieras en toda la Unión Europea. De este modo, la directiva no solo protege a los consumidores, sino que también contribuye a la creación de un mercado de crédito más seguro y equilibrado en toda la región.

IMPACTO Y BENEFICIOS: IMPACTO DE LA LEY EN LA ESTABILIDAD y PROTECCIÓN FINANCIERA EN PANAMÁ

La ley tiene un impacto significativo en la protección de los consumidores, al crear un marco más seguro para las transacciones tinancieras. Al penalizar la intermediación financiera no autorizada, los consumidores se" ven protegidos de fraudes y prácticas abusivas que podrían comprometer su estabilidad económica. Esta medida asegura que los ciudadanos solo interactúen con entidades legales y reguladas, brindando mayor seguridad al acceder a productos tinancieros. Además, al establecer límites claros para el cobro de intereses, se protege a los consumidores de caer en ciclos de deuda interminable, eliminando el riesgo de usura que podría resultar pel:judicial para su bienestar económico.

Uno de los beneficios clave es la estabilidad del sistema tinanciero. Al regular y sancionar las actividades financieras ilegales, se fortalece el control sobre las instituciones que operan en el sector, reduciendo el riesgo de inestabilidad o crisis financieras originadas por prácticas desleales. La ley asegura que solo las entidades debidamente autorizadas puedan ofrecer productos financieros, lo que mejora la supervisión y la transparencia en el sistema. Esto genera un ambiente de confianza tanto para consumidores como para Inversores, favoreciendo W1a economía más estable.

En témlinos de transparencia financiera, la ley facilita que los consumidores tengan un acceso más claro y justo a la información sobre los productos tinancieros que adquieren. Las condiciones y tasas de los préstamos, por ejemplo, deberán ser claras y ajustadas a los limites legales, evitando cláusulas abusivas. Esto signitica que los ciudadanos estarán mejor informados y podrán tomar decisiones más fundamentadas, lo que, a su vez, fomenta una mayor participación en el sistema financiero formaL Además, al eliminar prácticas de cobro de deudas prescritas mediante intimidación o acoso, se offece una protección adicional frente a abusos que afectan a los más vulnerables.

La ley también tiene un impacto positivo en la lucha contra la economía infom1al y la usura. Al penalizar .Ios préstamos informales y las tasas de interés usurarias, se fomenta la integración de los actores financieros en el sistema regulado, creando un mercado más transparente y seguro. Esto no solo reduce los riesgos de fraudes, sino que también asegura que las tasas de interés sean justas y acordes con la normativa. 10 que beneticia tanto a prestamistas como a prestatarios. Además, al prohibir el cobro de deudas prescritas, se evita la explotación de las personas que, por diversas razones. no pueden pagar sus deudas antiguas.

La ley también protege a los consumidores contra el acoso y la intimidación de deudores, estableciendo sanciones severas para quienes intenten cobrar deudas prescritas. Esto brinda mayor seguridad a los ciudadanos al evitar que enfrenten amenazas o coacciones por pagos no exigibles legalmente, protegiendo su estabilidad financiera y su bienestar emocional.

Además, la ley promueve una cultura tlnanciera responsable en el país, incentivando tanto a entidades como a consumidores a operar dentro de un marco de legalidad y transparencia. Este cambio cultural fomenta decisiones financieras más informadas y responsables, contribuyendo a un entorno económico más estable. equitativo y confiable a largo plazo.