Proyecto de ley 212.

Tener acceso a una vivienda digna y adecuada es uno de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin importar la condición económica, social y cultural de los ciudadanos. En este sentido, la adquisición de una vivienda digna es un sueño al que aspiran todos los panameños y extranjeros residentes en sueño patrio, quienes, con esfuerzos económicos de años finalmente logran tener esa capacidad de crédito y endeudamiento para poder solicitar préstamos en entidades bancarias y financieras, buscando así la manera de satisfacer esta necesidad. Sin embargo, muchas veces este anhelado sueño acaba convirtiéndose en la pesadilla de sus vidas, y esto se debe a problemas que derivan en temas de vicios de la construcción, falta de abastecimiento de agua potable y de luz eléctrica, falta de manejo adecuado de los sistemas de aguas residuales, entre otros más, que terminan afectando su calidad de vida, sin lograr que se responsabilice a las promotoras, constructoras y desarrolladoras de tales proyectos urbanísticos, así como, a los servidores públicos encargados del otorgamiento de los permisos respectivos. Por ello, al analizar cada uno de estos problemas surgen como interrogantes ¿Quién autorizó el permiso de construcción? ¿Quién firmó esta inspección? ¿Quién firmó el permiso de ocupación? ¿Cómo se permite que estas viviendas sean vendidas? ¿Quién financia este proyecto?, entre muchas más, sin tenerse una respuesta clara y certera, donde además se evidencia la omisión en cualquier tipo de ayuda de parte de las autoridades que en muchos casos fueron quienes autorizaron dichas construcciones. Así tenemos que, urge la creación de fórmulas legislativas tendientes a proteger al consumidor final del bien inmueble, asegurando una mejor garantía e indemnización por los daños y perjuicios causados por estos agentes económicos y demás personas encargadas del proceso de construcción, y a su vez, regular la imposición de penas de prisión a los servidores públicos por la falta de fiscalización. Adicional, se justifica la necesidad de esta iniciativa legislativa, porque, la legislación en materia de propiedad horizontal respecto a un régimen de responsabilidad ha avanzado mucho más que en lo que concierne al desarrollo y planificación de urbanizaciones. Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional la presente iniciativa de Ley a fin de que, en apego al trámite legislativo previamente establecido por el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se le dé e