Proyecto de ley 196.

Es deber del Estado garantizar el acceso al agua potable en áreas rurales y urbanas, por eso es importante establecer alianzas con los gobiernos municipales para asegurar que los esfuerzos para cumplir con este objetivo estén coordinados y sean sostenibles a corto, mediano y largo plazo.

Gran parte de las comunidades no cuentan con agua potable, en un país con grandes fuentes hídricas naturales, al ser el 5to país más lluvioso del mundo, según el último informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHP A). Esta situación se evidencia ante la existencia de proyectos habitacionales que cuentan con la aprobación de las autoridades urbanísticas nacionales, pero que, al momento de ser ocupadas y habitadas estas viviendas, los residentes sufren las carencias de agua potable, teniendo que acudir a mecanismos primarios, improvisados e insuficientes que, aunque son brindados por las mismas autoridades nacionales, ponen en riesgo la salud pública.

Ante tal problemática las autoridades urbanísticas, deben desarrollar sus planes de ordenamiento territorial, desde una perspectiva humana, democrática y participativa, propia de la organización político administrativa de la Nación.

La Constitución Política reconoce el derecho a la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales, lo cual implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. En se mismo orden el Estado reconoce y avala el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. La Ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la transgresión de estos derechos.

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La Ley 06, del O1 de febrero de 2006, que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones, incorporó los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT-EOT) como instrumento técnico que fija las condiciones básicas de desarrollo en términos de definir el territorio en suelo urbano y rural, la vialidad de los servicios públicos, las normas urbanísticas y de edificación.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los panameños y de brindar soluciones ante la ausencia de agua potable en los proyectos habitacionales, presentamos este Anteproyecto de Ley que busca que las autoridades al momento de otorgar los permisos o autorizaciones para obras o proyectos, le exijan al promotor o concesionario un estudio hidrográfico, que incluya la elaboración de un mapa de los sistemas de aguas existentes en relación a la población y el recursos hidrográficos disponible, así como el abastecimiento de agua potable y manejo de residuos sólido.

De igual forma, este proyecto de Ley tiene como propósito que el Ministerio de Vivienda y los Municipios tengan dentro de su competencia una función fiscalizadora para el eficaz cumplimiento de las disposiciones contenidas en Plan y Esquema de Ordenamiento TerritoriaL Lo cual requiere al mismo tiempo una modernización de las políticas públicas del Estado a fin de que la población panameña, tenga viviendas dignas con infraestructuras seguras y con acceso a servicios básicos para la vida humana.

Por último, el anteproyecto de Ley tiene como finalidad introducir dentro los objetivos que debe contener el Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento técnico, idóneo, normativo político y administrativo para la gestión del territorio, la elaboración de estrategias para el desarrollo sostenible del país, mejorando la calidad de vida de la población y garantizando que toda nueva del año.

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