Proyecto de ley 192.

La contaminación de los océanos ha alcanzado niveles alarmantes, afectando gravemente los ecosistemas marinos y costeros a nivel mundial. Uno de los principales contribuyentes a esta crisis ambiental son los residuos sólidos transportados por los ríos, que desembocan en los mares, causando daños irreversibles a la biodiversidad y a los medios de vida de las comunidades costeras. La República de Panamá, por su privilegiada ubicación geográfica y su vasta red hidrográfica, enfrenta un reto particular en cuanto a la protección de sus recursos hídricos y marinos. Las biobardas se han posicionado como una solución efectiva y sostenible para interceptar los residuos flotantes en los ríos antes de que lleguen al mar. Estas estructuras flotantes biodegradables no solo permiten reducir la contaminación en los cuerpos de agua, sino que también promueven la conciencia ambiental entre la población y las empresas. Al adoptar medidas como la instalación de biobardas, se avanza en la protección de los océanos, se mitiga el impacto de los desechos en la fauna y flora marina, y se contribuye a la sostenibilidad ambiental en el país. Este anteproyecto de ley busca no solo regular y promover el uso de biobardas en los ríos con desembocadura en el mar, sino también incentivar la participación activa del sector privado y la sociedad civil en la adopción de soluciones ambientales. A través de un marco normativo adecuado, se podrán establecer mecanismos de implementación, monitoreo y financiamiento que garanticen la reducción de los residuos sólidos en los ríos. Panamá tiene el deber, como signatario de tratados y convenios internacionales sobre la protección del medio ambiente, como el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, y el Acuerdo de París sobre cambio climático, de fortalecer sus políticas internas para prevenir y mitigar el impacto de la contaminación en los océanos. Este proyecto legislativo reconoce, además, que la protección de los recursos naturales y el medio ambiente es una responsabilidad compartida. El sector privado, a través de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), juega un rol fundamental en la implementación de medidas sostenibles. Por ello, esta ley contempla incentivos fiscales para aquellas empresas que se comprometan activamente en la lucha contra la contaminación, promoviendo proyectos de biobardas y acciones de conservación ambiental. El compromiso con el medio ambiente y la preservación de los recursos hídricos no solo es una obligación legal, sino una necesidad ética y moral. La implementación de biobardas en los ríos de Panamá contribuirá significativamente a mejorar la calidad de los cuerpos de agua, proteger los ecosistemas marinos y asegurar el bienestar de las generaCIOnes presentes y futuras.

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Una de las soluciones innovadoras más exitosas en la lucha contra esta contaminación ha sido la biobarda, una barrera flotante biodegradable diseñada para interceptar los residuos sólidos flotantes en los ríos antes de que lleguen a los mares. Además de ser una medida efectiva, las biobardas promueven la concienciación y participación ciudadana, creando una cultura de respeto y protección del medio ambiente. Diversos países han implementado tecnologías y marcos legales para combatir la contaminación en sus cuerpos de agua, logrando avances significativos en la protección de los océanos. El presente anteproyecto de ley se inspira en estas experiencias internacionales, adaptándolas a la realidad ambiental y jurídica de Panamá. Panamá, como nación con costas en dos océanos y un gran número de ríos que desembocan en estos mares, enfrenta un reto particular en cuanto a la protección de sus ecosistemas marinos. La contaminación marina afecta directamente la biodiversidad de nuestras aguas, así como las economías locales basadas en la pesca y el turismo. La implementación de biobardas en ríos estratégicos del país, tales como el Río Chagres, el Río Bayano, y el Río Tuira, es una medida necesaria para contener el flujo de residuos hacia los océanos, salvaguardando tanto los recursos naturales como la imagen internacional del país como defensor del medio ambiente. Además, este anteproyecto de ley contempla incentivos fiscales para las empresas que, en el marco de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), contribuyan a la instalación, mantenimiento y desarrollo de biobardas, permitiendo así que el sector privado juegue un papel activo en la protección de los recursos naturales. Este modelo de cooperación público-privada ha demostrado ser exitoso en otros países, como los mencionados anteriormente, donde las empresas reciben beneficios fiscales por sus contribuciones a la sostenibilidad ambiental. La presente ley no solo responde a los compromisos internacionales de Panamá en la lucha contra la contaminación marina, como el Convenio de Basilea y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, sino que también establece una base sólida para el desarrollo de políticas nacionales más robu tas en materia de pr tección ambiental.

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H.D.S GABRIEL ANDRES SOLÍS ARIAS Diputado suplente 8-4

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