Proyecto de ley 138.

Me dirijo a ustedes, con respeto por su labor en esta augusta cámara. An e todo, reafirmo nuestro compromiso de trabajar en una armónica colaboración, en beneficio de la sociedad. En ese sentido, nos encontramos en un momento clave en el que es fundamental unir esfuerzos para fortalecer nuestras finanzas públicas, promover una mayor transparencia fiscal que nos permita reducir el servicio de la deuda pública, obtener tasas de interés más bajas y así avanzar hacia la reducción sostenible de dicha deuda. Este esfuerzo conjunto, tiene como objetivo consolidar una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos, garantizando el bienestar de todos los ciudadanos, aumentando progresivamente la capacidad del estado para realizar más y mejores inversiones importantes para el país. En este momento, se hace necesario ajustar el marco fiscal vigente ante la situación en la que encontramos nuestras finanzas públicas, la cual, a junio de 2024, reflejaba un déficit no anualizado del 4% del PIB. Este escenario hace improbable que se logre el1ímite de déficit del 2% del PIB establecido por la Ley para este año. A lo largo de la historia, los ingresos del sector público han demostrado ser insuficientes para cubrir, tanto los gastos de funcionamiento, como las inversiones necesarias para el desarrollo y crecimiento del país y sus ciudadanos. Esta situación ha persistido a lo largo del tiempo, lo que ha llevado a administraciones gubernamentales a recurrir al endeudamiento como mecanismo para solventar esta brecha financiera. Durante los últimos quince años, el déficit fiscal ha sido un desafío recurrente para nuestra política fiscal, 10 que ha requerido modificar el límite anual del déficit, en cinco ocasiones, bajo las últimas tres administraciones. De continuar con el mismo comportamiento, las proyecciones indican que la deuda podría exceder el 60% del PIB en 2025, con un costo promedio equivalente al 21 % de los ingresos, comparado con un 6.4% en países con economías similares a la nuestra. Este deterioro de la deuda se traduce en tasas de interés cada vez más altas, por tanto, menos recursos disponibles para inversión. Una parte del déficit fiscal se ve afectado por las rigideces en los gastos del Gobierno que limitan nuestra capacidad de maniobra, mientras que los ingresos tributarios han dejado de crecer en los últimos años para enfrentar el aumento en gastos. Al mismo tiempo, se han aprobado leyes que crean incentivos y otros gastos fiscales, sin prever nuevas fuentes de ingresos para compensar su impacto adverso. La situación descrita, revela un escenario en el que el debilitamiento de los ingresos tributarios, junto con la poca flexibilidad de los gastos, ha ampliado cada año la brecha entre ingresos y gastos, provocando un aumento en la deuda, provocando la pérdida del grado de inversión del país por una de las tres calificadoras de riesgo y perspectivas negativas por las otras dos, lo que nos lleva a pagar tasas de interés más altas, dificultando la atracción de inversión directa extranjera y la creación de empleos. Este desequilibrio, constituye un reto significativo para la sostenibilidad de la deuda y la política fiscal que el país debe abordar. El déficit fiscal recurrente desvía recursos del Presupuesto General del Estado, afectando nuestra sostenibilidad fiscal y elevando los costos financieros para el país. Esta situación reduce los fondos disponibles para proyectos de inversión productiva, limitando la capacidad del Estado para fomentar el crecimiento económico, y la generación de empleos bien remunerados. Además, restringe la implementación de políticas públicas inclusivas que impulsen el desarrollo humano y mejoren áreas prioritarias como la salud, la educación, infraestructura, seguridad y el bienestar social de todos los panameños. Ante esta situación, es esencial que, en un esfuerzo conjunto entre el Órgano Ejecutivo y esta Honorable Asamblea, nos comprometamos a llevar a cabo una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas. Este compromiso resalta nuestra visión compartida de mantener un crecimiento prudente del gasto corriente, al tiempo que trabajamos para reducir tanto el déficit fiscal como la deuda pública. Juntos, podemos asegurar que nuestras decisiones financieras beneficien a todos los panameños y promuevan la estabilidad económica a largo plazo. Para lograr este objetivo, esta propuesta garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, al tiempo que reduce las presiones sobre la deuda, sin comprometer las funciones esenciales del Estado. Además, se enfoca en mejorar la calidad del gasto en el mediano y largo plazo, asegurando un manejo eficiente de los recursos y el bienestar de la ciudadanía. El compromiso de todos los responsables de la gestión de los recursos públicos es fundamental para avanzar en esta tarea, invitándonos a seguir trabajando en conjunto para alcanzar los objetivos fiscales del país. La meta es reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública de manera responsable a un nivel igualo inferior al 50% del Producto Interno Bruto nominal en un plazo de diez años, a partir de la vigencia fiscal de 2026. Posteriormente, se continuará trabajando para mantener un manejo prudente de la deuda, con el fin de alcanzar un nivel del 40% o menos en los cinco años siguientes. Este proyecto de ley, alineado con las mejores prácticas internacionales de transparencia, marca un hito significativo en el fortalecimiento del marco fiscal de Panamá, aporta mayor certidumbre y rigor en la gestión de los recursos públicos, así como precisión y confiabilidad en la ejecución de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, reafirmando nuestro compromiso con un manejo fiscal ordenado ante los panameños y los mercados. En ese sentido, el presente proyecto de ley modifica el Consejo Fiscal, organismo creado por la Ley 68 de 2018, con el objetivo de fortalecer su autonomía funcional y su rol de evaluador de la política fiscal del Estado.

A su vez, dentro del presente proyecto de ley, se propone hacer un cambio en la Ley 38 de 2012, debido a la situación fiscal antes expuesta, para asegurar ingresos fiscales mientras se busca una solución más permanente y sostenible del tema. Este proyecto de ley, se erige como un pilar fundamental en el proceso de reformas del sector público que implementaremos en conjunto, durante los próximos años.