Anteproyecto de ley 191.

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO En la República de Panamá, la prestación de servicios de defensa pública se encuentra actualmente bajo la supervisión directa de jueces y magistrados, lo cual puede comprometer la independencia y autonomía necesarias para un ejercicio efectivo de la defensa de los derechos de los ciudadanos. La relación jerárquica entre defensores públicos y funcionarios judiciales plantea riesgos de interferencias y presiones que pueden afectar la imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

En Colombia, la adscripción de la Dirección Nacional de Defensoría Pública a la Defensoría del Pueblo ha demostrado ser un modelo exitoso para garantizar la independencia y autonomía de los defensores públicos. Este modelo ha permitido una defensa más eficaz de los derechos humanos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.

11. OBJETIVO DE LA LEY El objetivo principal de esta leyes adscribir el Instituto de Defensa Pública a la Defensoría del Pueblo, asegurando así que los defensores públicos puedan ejercer sus funciones con total independencia y autonomía, libres de cualquier influencia o presión por parte de jueces, magistrados u otros funcionarios judiciales. Esta adscripción permitirá una administración más eficiente y centralizada de los recursos y procedimientos de defensa pública, beneficiando directamente a los ciudadanos que requieren estos servicios.

III. JUSTIFICACIÓN 1. Garantía de Independencia y Autonomía: la adscripción del Instituto de Defensa Pública a la Defensoría del Pueblo garantiza que los defensores públicos no estén sujetos a la autoridad jerárquica de jueces y magistrados, permitiéndoles actuar con total independencia en la defensa de los derechos de sus representados.

2. Me jora en la Calidad del Servicio: al estar bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo, se fortalecerán los mecanismos de capacitación, evaluación y control del desempeño de los defensores públicos. Esto redundará en una mejor calidad del servicio de defensa pública, asegurando que los ciudadanos reciban una representación adecuada y efectiva.

3. Protección de los Derechos Humanos: La Defensoría del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos, está mejor posicionada para velar por la protección y promoción de los derechos de los ciudadanos. La adscripción del Instituto de Defensa Pública a esta entidad asegurará que la defensa pública se realice con un enfoque integral de derechos humanos.

4. Optimización de Recursos: La administración centralizada de los recursos financieros y materiales destinados a la defensa pública permitirá una gestión más eficiente y transparente, evitando duplicidades y mejorando la asignación de recursos 111. BENEFICIOS ESPERADOS La implementación de esta ley traerá consigo múltiples beneficios, entre los cuales se destacan:

• Mayor confianza en el sistema de justicia: Al asegurar la independencia de los defensores públicos, se fortalecerá la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y en la imparcialidad de los procesos judiciales.

• Defensa más efectiva de los derechos: Los defensores públicos podrán actuar sm preSIOnes indebidas, garantizando una defensa más efectiva de los derechos de los ciudadanos.

• Fortalecimiento institucional: La Defensoría del Pueblo verá fortalecidas sus capacidades para coordinar y supervisar la defensa pública, contribuyendo al desarrollo de una cultura de derechos humanos en el país.

IV. CONCLUSIÓN La adscripción del Instituto de Defensa Pública a la Defensoría del Pueblo es una medida necesaria y urgente para asegurar la independencia y autonomía de los defensores públicos en la República de Panamá. Esta ley no solo mejorará la calidad de la defensa pública, sino que también contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia y a la protección efectiva de los derechos humanos en nuestro país.