Proyecto de ley 159.

La presente ley se introduce en un contexto de creciente necesidad de optimizar la gestión y conservación del patrimonio del Estado panameño. Los bienes públicos, tanto muebles como inmuebles forman parte de la Hacienda Nacional, como lo define el artículo 2 del Código Fiscal, que deben ser administrados con eficiencia y transparencia para garantizar su disponibilidad y buen uso en beneficio del Estado. Sin embargo, se ha identificado una falta de procedimientos claros y uniformes para el mantenimiento de estos bienes, lo que ha llevado a un deterioro prematuro y una pérdida significativa de valor.

La conservación adecuada de los bienes del Estado es una responsabilidad de los servidores públicos, enmarcada en el Código uf supra que dice: "Artículo 10. Las personas que tengan a su cargo la administración de bienes nacionales serán responsables por su valor monetario en casos de pérdida o de daños causados por negligencia o uso indebido de tales bienes, aun cuando éstos no hayan estado bajo el cuidado inmediato de la persona responsable al producirse la pérdida o el daño. De tal responsabilidad no se eximirán aun cuando aleguen haber actuado por orden superior al disponer de los bienes por cuyo manejo son directamente responsables, pero el empleado superior que haya ordenado la disposición será solidariamente responsable de la pérdida que la Nación hubiere sufrido a causa de su orden." (subrayado nuestro) Lo anterior establece claramente que, existe una obligación legal de conservar los bienes nacionales tanto en valor como en integridad, norma que no se cumple toda vez que diariamente podemos observar la cantidad de vehículos propiedad del Estado, por citar un ejemplo evidente, que son abandonados, sufren colisiones, desmantelamiento, son canibalizados, a los ojos de quienes deben garantizar su conservación. Otro caso que salta a la vista es la cantidad de inmuebles propiedad de la Nación en ruinas. En suma, esta omisión reiterada a lo largo de los años, ha causado pérdidas económicas incalculables al patrimonio y Presupuesto General del Estado, esto hace imperante la

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necesidad de contar con un instrumento de Ley específico que regule la obligación de conservar y dar el mantenimiento adecuado a los bienes nacionales, garantizando su cuidado y uso eficiente. El principal objetivo de esta leyes establecer las bases para un sistema de mantenimiento integral y obligatorio de los bienes nacionales, definiendo claramente las responsabilidades de los funcionarios encargados de su administración. Los objetivos de esta Ley son: • Asegurar la preservación y valorización de los bienes del Estado, garantizando su conservación y uso adecuado. • Establecer un marco normativo uniforme para todas las entidades públicas, definiendo procedimientos y plazos para el mantenimiento preventivo y correctivo. • Promover la transparencia y eficiencia en la gestión pública, asegurando que los recursos del Estado se utilicen de manera óptima y sostenible. • Definir un régimen sancionador para los casos de incumplimiento, asegurando así el respeto y cumplimiento de las obligaciones establecidas; que sirva a la vez como mecanismo disuasorio para erradicar la conducta de dolo, omisión y negligencia en el ejercicio de los deberes del empleado de manejo. La implementación de esta ley traerá múltiples beneficios al país, entre los que se destacan: • Mejora en la calidad de los servicios públicos: Al garantizar el buen estado de los bienes del Estado, se asegura que las infraestructuras y equipamientos estén siempre en condiciones óptimas para su uso, lo que repercute directamente en la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. • Ahorro económico: Un mantenimiento planificado, adecuado y periódico de los bienes públicos reduce los costos asociados a reparaciones mayores o a la reposición de bienes, generando un ahorro significativo para el erario público. • Transparencia y responsabilidad: La obligación de mantener registros detallados de las actividades de mantenimiento y la supervisión de estos procesos por parte de la Contraloría General de la República fortalecen la transparencia y fomentan la responsabilidad en la gestión pública. En resumen, esta Ley representa un paso crucial hacia la modernización y mejora de la gestión pública en Panamá. Al establecer reglas claras y sanciones por incumplimiento de disposiciones administrativas vigentes, en aras de preservar el patrimonio nacional, y en pro del fomento de una cultura de responsabilidad y eficiencia de los servidores públicos. La presente exposición de motivos justifica la necesidad y urgencia e la adopción de esta