Proyecto de ley 94.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, los jóvenes representan el 54% del total del desempleo a nivel nacional, lo que equivale a 84,815 jóvenes sin empleo. Esta situación se debe en gran parte, a que los jóvenes profesionales no logran cumplir con las exigencias del mercado laboral actual. Por ejemplo, es común encontrar ofertas de empleo que requieren: "Personas jóvenes con 10 años de experiencia, título universitario y disponibilidad inmediata". ¿Les parece exagerado? Lamentablemente, para los jóvenes del País, esta situación es una realidad. Un estudio realizado por la empresa Konzerta, indica que más de la mitad de las plazas laborales que se abren no son ocupadas, mientras que la frustración de los jóvenes que han finalizado una carrera universitaria va en aumento ya que están ansiosos por poner en práctica el conocimiento adquirido, para el desarrollo exitoso de una empresa o institución. Queda claro que este grupo de la población ha sido desatendido y como Estado no contamos con planes de acción reales que contribuyan a la erradicación del dificil acceso al mercado laboral, producto de las escasas oportunidades para desarrollar conocimientos y habilidades. Ustedes se preguntarán' si esta iniciativa es similar al programa anunciado por el ejecutivo "Mi primer empleo", y la respuesta es no. A diferencia del programa estatal, que consiste en pasantías con tiempo determinado, sin formalización de contratación, es decir, sin establecer una relación laboral, este anteproyecto de ley busca que un porcentaje de los trabajadores de las empresas privadas o instituciones gubernamentales sean jóvenes titulados sin experiencia labora; y así, garantizar que el derecho humano y constitucional de trabajo pleno y digno se mantenga, independientemente de los cambios de gobierno; y, sobre todo, se preserve el talento humano local en las distintas provincias donde se encuentren ubicadas las empresas o instituciones contratantes. Elevar esta acción a nivel de leyes crucial, ya que, a lo largo de la historia, buenos programas o iniciativas han sido descartados simplemente por no pertenecer al gobierno en turno. Me parece oportuno compartir cómo en el País de Colombia, la fórmula antes mencionada ha dado resultados positivos. Entre ellos, resalto que, gracias a la Ley N° 2214 del 2022, que reglamenta y promueve el empleo juvenil, la tasa global de participación (TGP) de la población joven de 15 a 28 años en el total nacional fue del 55.0%, registrando una disminución de 0.5 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior (55.5 %). De igual forma, en países como Italia, España y Suecia se han beneficiado más de 24 millones de jóvenes. Desde ellO de diciembre de 1948, el País apoyó mediante la firma del documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declara en sus artículos 23 y 24 al trabajo como un derecho humano. Siendo así, es obligación del Estado custodiar, crear y promover políticas con la finalidad de fomentar el pleno empleo y asegurar que todo trabajador cuente con las condiciones necesarias. Lo antes mencionado se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 64. En este sentido, el Estado debe garantizar la implementación de políticas económicas orientadas a promover el empleo y proteger los derechos humanos sin distinción alguna. Estas políticas deben fomentar la igualdad de oportunidades para los jóvenes que aún no han tenido acceso a un primer empleo formal, sin distinción por; sexo, edad, nacionalidad, clase social, ideas políticas o religiosas. Con esta iniciativa se busca reducir la tasa de desempleo juvenil, incentivar la educación continua y contribuir al desarrollo y crecimiento de los jóvenes profesionales, que en la actualidad suman más de 78,865 personas.

Por último, creo finnemente que la juventud debe ser empoderada, y por ello debernos apoyar sus sueños y aspiraciones, ya que representan no sólo el futuro, sino el presente laboral y económico de Panamá. Siendo así, solicitamos la colaboración de los honorables diputados para darle el trámite legislativo correspondiente a este proyecto de ley, para que se convierta en ley de la República.