Proyecto de ley 49.

Panamá vive actualmente un aumento generalizado en toda clase de delitos, sobre todo violencia sexual contra menores de edad, mujeres y personas con discapacidad. En este año 2024 los femicidios han aumentado 33% en el primer cuatrimestre y el número de denuncias de abuso a adolescentes ha aumentado un 12% en el mismo lapso.

Los Niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente por sus propios padres, abuelos, vecinos, educadores, explotados sexualmente por sus madres, o grupos criminales, este es un d fenómeno que se va en aumento.

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La Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes) registró 26,227 víctimas por delitos contra la libertad e integridad sexual entre el 2019 yel 2022, un promedio de 5,171 a 7,997 víctimas por año. El 92 % femeninas y 85 % masculino, no obstante, el 61 % de las víctimas eran menores de 17 años, 27 % de ellas, niñas y niños de Oa 14 años de edad. Otra realidad que se observa, es que muchos de estos delitos son cometidos por personas que tienen un ascendiente sobre sus víctimas, ya sea por parentesco consanguíneos o por afinidad o porque tienen un cargo de autoridad como sacerdotes, lideres de cultos religiosos, educadores, superiores jerárquicos en materia laboral, lo que le permite consumar el delito con el silencio de la víctima que no se atreve e denunciarlos. Las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé lideraron estas estadísticas, seguido de la Comarca Ngabe Buglé , Veraguas y Colón. La sociedad panameña reclama una acción contundente de partes de las autoridades encargadas de perseguir los delitos y consideramos que hay que mandar un mensaje alto y claro a los perpetradores, en el sentido de que van a ser reprimido con todas las fuerzas de la ley, respetándole el debido proceso y de ser encontrados culpables pasaran muchos años en la cárcel. El mensaje que queremos mandar a la sociedad panameña y al mundo, con este proyecto, es que no se va a tolerar ninguna forma de abuso o explotación contra mujeres y niños, personas de la tercera edad ni personas discapacitadas y quienes incurran en estas conductas serán duramente reprimidos. Consideramos que una reforma legislativa que busque endurecer las penas por estos delitos, además de impedir acuerdos de penas, manda un mensaje alto y claro a la sociedad, en el sentido, que existe un compromiso de parte de las autoridades para acabar con el flagelo de la violencia y el abuso sex al en todas sus manifestaciones.

Paulette/ ho a H. Honorat}le Diputada e Oto 8-3 - ~ er ,.,..*

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