Proyecto de ley 34.

La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar de esta forma una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad. De igual manera, proporciona beneficios significativos y sostenidos en términos de ingresos y es fundamental para garantizar la igualdad y la inclusión. Adicionalmente, las Naciones Unidas incluyen la educación de calidad como un objetivo fundamental. Este objetivo afirma que la educación de calidad es el fundamento sobre el cual se construyen sociedades prósperas y sostenibles. Capacita a individuos para enfrentar los desafíos globales con un profundo conocimiento y comprensión, preparándolos para contribuir de manera significativa al progreso mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tiene la visión de que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público mundial que tiene el poder de cambiar positivamente la vida de individuos, comunidades y el planeta a lo largo de las generaciones. Este aspecto también es atendido por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual contempla fomentar la asignación de recursos adecuados y oportunos a la educación, asegurando que el gasto público beneficie de manera equitativa, eficiente y efectiva a los sectores más desfavorecidos. En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su división de educación realizó un estudio denominado "El estado de la educación en América Latina y el Caribe"

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dfc- en el que evaluaron a escala global las tres principales dimensiones que reflejan el nivel de desarrollo de los sistemas educativos como los recursos financieros, cobertura y eficiencia y aprendizajes. En este ámbito, el desafío de mejorar el acceso y la calidad educativa se ve complicado por la falta de una visión estratégica clara y planes definidos que orienten el sistema educativo hacia el logro de las metas. La inestabilidad política influye considerablemente en las decisiones educativas en muchos países de la región, agravando la desigualdad en el acceso, la calidad y la finalización de la educación, especialmente entre estudiantes de bajos recursos, áreas rurales, minorías raciales y étnicas. Siguiendo esta perspectiva, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) AIP-PANAMÁ desarrolló un "Estudio de opinión sobre el sistema educativo panameño", el cual indica que la ciudadanía panameña reconoce la importancia crucial de la educación para su bienestar y la gravedad de los desafíos que enfrenta. Dentro de la encuesta, el CIEPS incluyó una pregunta central sobre las prioridades de las políticas educativas, donde el 77.3% de los encuestados considera que la principal prioridad debería ser garantizar que todos reciban la misma calidad en educación, mientras que el 20.4% opina que debería ser recompensar el talento y esfuerzo. Además, un 2.3% de los participantes decidieron no expresar su opinión al respecto. Estos resultados indican un fuerte consenso respecto a la necesidad de proporcionar igualdad de oportunidades en el sistema educativo de Panamá. Por lo tanto, es evidente la urgente necesidad de implementar políticas educativas coherentes y sostenibles que aborden estas desigualdades y aseguren que todos los individuos, independientemente de su origen o circunstancia, accedan a estos beneficios.

JUSTIFICACIÓN:

VOLUNTAD

POLÍTICA

Y CORRUPCIÓN

EN LA EDUCACIÓN La incertidumbre y fragilidad de la educación son un reflejo de la vulnerabilidad y las limitaciones inherentes a la condición humana y las instituciones. La educación siempre está expuesta a ser desarticulada, desmantelada y destruida, para favorecer a ciertos individuos que aprovechan los sistemas deficientes para su propio beneficio, dejando a otros sectores de la población desatendidos enfrentando la realidad de no acceder a una educación de calidad. Por esta razón la falta de voluntad política es la principal barrera para financiar adecuadamente la educación. Esta ausencia de compromiso se refleja en presupuestos insuficientes y mal gestionados, lo cual afecta negativamente la calidad y el acceso a la educación en muchos países. Además, la corrupción sigue siendo un obstáculo c; significativo para garantizar que todos puedan ejercer plenamente su derecho a una educación de calidad y aprovechar sus oportunidades para su desarrollo integral. El último informe de Transparencia Internacional (TI) en el año 2023 ubicó a Panamá en la lista de los países más corruptos del mundo, ocupando el puesto 108 de 180. Donde se evaluó principalmente el nivel de transparencia, obteniendo un Índice de Percepción de la Corrupción (lPC) de 35/1 00, lo que indica una percepción de corrupción moderadamente alta en comparación con otros países. Esta situación sugiere que la corrupción representa un f-y J

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:S problema significativo en el sector público de Panamá, afectando la confianza en las instituciones, la eficiencia económica y el desarrollo social. Un ejemplo evidente es la problemática actual con la asignación de auxilios económicos que han revelado prácticas de nepotismo y manejo discrecional de los recursos destinados a la educación, negándole la oportunidad de educación a personas que sí necesitan de estos fondos. Estas irregularidades no solo afectan negativamente a los estudiantes que realmente necesitan este apoyo, sino que también afectan la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar estos programas. La falta de transparencia en la asignación de auxilios económicos ha generado un ambiente de desconfianza e injusticia palpables. En este entorno, los recursos públicos destinados a fomentar la igualdad de oportunidades a menudo terminan siendo desviados hacia individuos que ya poseen privilegios y conexiones políticas consolidadas. Esta situación afecta negativamente al acceso a recursos educativos y de desarrollo, debilitando la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar estos fondos, afectando así la percepción sobre la transparencia y eficacia de las políticas públicas para garantizar un acceso equitativo y justo a estos recursos . Esta problemática se deriva de la Ley 1 de 11 de enero de 1965 que presenta varias deficiencias que afectan su efectividad y transparencia específicamente en el artículo 23, constatando la falta de criterios específicos y objetivos para la selección de candidatos para auxilios económicos y el perfeccionamiento dentro y fuera del país, dejando margen para interpretaciones subjetivas y prácticas de nepotismo. Además, la ausencia de mecanismos claros de control y fiscalización sobre el uso de estos fondos públicos propicia el mal manejo de recursos y la falta de rendición de cuentas. Estas deficiencias en la ley comprometen la equidad en la asignación de recursos destinados al desarrollo profesional de funcionarios públicos, socavando así la confianza pública en la administración de estos programas.

OBJETIVOS: MODIFICACIÓN DE LA LEY 1 DEL 11 DE ENERO DE 1965 La presente iniciativa legislativa se enfocará en introducir una reforma integral en el marco normativo vigente para mejorar sustancialmente la administración de los auxilios económicos. Esta reforma pretende modificar la Ley 1 del 11 de enero de 1965 y prohíbe el acceso a Auxilios Económicos a funcionarios de Alto Mando y Jurisdicción y a sus familiares con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con el propósito fundamental de promover principios de igualdad de oportunidades y transparencia en la gestión pública. Se anticipa que esta medida no solo ayudará a reducir las prácticas de nepotismo que han afectado históricamente la distribución de recursos públicos, sino que también garantizará una asignación más justa y eficiente de dichos fondos. Además, se espera que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones al establecer un claro compromiso con la rendición de cuentas y la gestión responsable de los recursos destinados a la educación y desarrollo en el paí~

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MARCO LEGAL: COMPARATIVA INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN El derecho a la educación está respaldado por diversos instrumentos jurídicos internacionales, especialmente por el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, establece en su artículo 26 que "Toda persona tiene derecho a la educación", reafirmando su importancia universal como un derecho fundamental para todos los individuos. A nivel nacional, los Estados que ratifican o se adhieren a tratados internacionales que reconocen el derecho a la educación asumen la responsabilidad de garantizar y aplicar este derecho de manera efectiva. Sin embargo, la implementación de este derecho puede variar significativamente según las circunstancias y requisitos particulares de cada país. En este sentido, la Constitución de la República de Panamá en su artículo 102 determina que "El Estado establecerá sistemas que proporcionen los recursos adecuados para otorgar becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los estudiantes que lo merezcan o lo necesiten. En igualdad de circunstancias se preferirá a los económicamente más necesitados". No obstante, la realidad muestra que persisten desafíos en la implementación de políticas educativas inclusivas, equitativas y efectivas, así como en la asignación adecuada de recursos financieros para el perfeccionamiento educativo. Un ejemplo de cómo se aborda esta problemática se encuentra en México, específicamente en el reglamento del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). En su artículo 3 se establece que la asignación, administración y operación de las Becas y Apoyos complementarios se llevará a cabo de conformidad con diversos principios entre los cuales se menciona: •

El inciso (VI) establece que el rigor epistemológico de los programas de posgrado y actividades a desarrollar, su incidencia efectiva en el fortalecimiento de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como su orientación al estudio, investigación y resolución de áreas o temas de atención estratégica o prioritaria para el desarrollo del país, serán elementos indispensables para determinar el otorgamiento de Becas y Apoyos complementarios. De igual manera, para tales efectos, queda prohibido el uso de criterios políticos o cualquier otro ajeno a criterios estrictamente académicos o de interés público.

Este enfoque no solo reduce la práctica de nepotismo al prohibir la influencia política, sino que también promueve la meritocracia y la objetividad en la distribución de recursos. Además, fortalece la integridad del sistema de becas y contribuye al desarrollo científico y ~ ($ académico de México . "l- \

IMPACTO Y BENEFICIOS: AVANZANDO HACIA LA EQUIDAD Implementar esta iniciativa legislativa conlleva beneficios significativos para la población y las personas de manera individual. Ya que se garantiza que los recursos públicos sean distribuidos de manera más equitativa y transparente. Esto significa que los estudiantes y profesionales que necesitan apoyo financiero para acceder a educación tendrían mayores oportunidades de recibirlo. Por lo cual, al asegurar un· acceso más equitativo a oportunidades educativas, se podría avanzar hacia la reducción de las disparidades existentes en el país. Esto representaría un impacto significativo al adquirir conocimientos y habilidades a través de su formación, convirtiéndose en activos para el país al mejorar la productividad laboral, fomentar la innovación y contribuir al avance tecnológico. Además, el éxito educativo elevaría los estándares socioeconómicos al reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. De esta forma se fortalecen tanto el capital humano como el sistema educativo, consolidando un liderazgo más efectivo y una gobernanza mejor informada, equitativa atendiendo de forma oportuna los entornos prioritarios del país. Adicionalmente tendría un impacto positivo en el fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones gubernamentales y en el sistema educativo. Al demostrar un compromiso claro con la equidad y la transparencia en la distribución de recursos públicos, se mejoraría la percepción de la población sobre la integridad y la responsabilidad de los líderes y~.,.q-políticos y administrativos. Esto es esencial para mantener la estabilidad política y social, así como promover un entorno donde todos los ciudadanos puedan participar activamente , en el desarrollo y la mejora continua de la sociedad. zones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para que ley de la República.

H.D. MIGUEL ÁNGEL CAMPOS LIMA Diputado de la República Circuito 9-1