En las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, las mujeres fueron mayoría en cada punto del proceso electoral, salvo en uno: el que reparte el poder. Ese contraste es el hallazgo central del Informe de la participación política de las mujeres en las elecciones de Panamá, 2024, elaborado por el Departamento de Investigación del Tribunal Electoral con el apoyo de IDEA Internacional. Es la continuidad del diagnóstico regional Atenea, y su lectura deja una conclusión incómoda: treinta y seis años después del retorno a la democracia, la mitad de la población sigue enfrentando barreras estructurales para ejercer sus derechos políticos en igualdad.
El embudo
La forma más clara de entender el problema es seguir a las mujeres a lo largo del proceso, etapa por etapa. La participación es altísima al principio y se desploma al final:
- Padrón electoral: 52.3% del padrón de 3,004,083 personas habilitadas.
- Votantes: de 2,328,497 personas que sufragaron, 1,218,024 fueron mujeres, el 52.31%.
- Afiliación partidaria: cercana a la mitad de la militancia de todos los partidos.
- Corporaciones electorales (quienes organizan la votación y cuentan los votos): 72% de los miembros de mesa, 72% de las juntas comunales, 70% de las distritales, más del 60% en todas las juntas.
- Candidaturas: apenas el 19% del total.
- Cargos electos: 119 mujeres de 864 cargos de elección popular, el 13.7%.
Se puede leer de arriba abajo como una caída libre: de un 52% de electoras y un 72% de organizadoras del proceso, a un 13.7% de electas. La maquinaria electoral panameña la sostienen mayoritariamente mujeres; el poder que produce esa maquinaria lo ocupan mayoritariamente hombres.
Dónde se quiebra la representación
El desglose por cargo confirma que ningún nivel se acerca a la paridad:
| Cargo | Mujeres electas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Diputadas | 15 de 71 | 21% |
| Alcaldesas | 12 de 81 | 14.8% |
| Representantes de corregimiento | 88 de 701 | 12.5% |
| Concejalas | 4 de 11 | 36.3% |
| Total de cargos | 119 de 864 | 13.7% |
El único cargo que supera el 30% es el de concejal, y sobre una base tan pequeña (once puestos) que apenas mueve el promedio nacional. En la Asamblea Nacional se eligieron las mismas 15 diputadas que en 2019: cero avance en un quinquenio. Con un 21.7% de diputadas, Panamá queda por debajo del promedio de América Latina (35.8%) y de Centroamérica (30.8%). Mientras México y Nicaragua superan el 50% de mujeres electas, y Costa Rica, Ecuador, Argentina y Perú pasan del 40%, Panamá se ubica entre los países que se alejan de la meta paritaria.
La carrera presidencial es el techo de cristal más visible. De las candidaturas principales a la Presidencia, el 83% las encabezaron hombres. Solo una mujer compitió postulada por un partido. Las dos candidatas presidenciales de 2024 llegaron por la libre postulación, no por la estructura partidaria: Zulay Rodríguez, con 176,145 firmas, y Maribel Gordón, con 163,859. Fue un hito histórico —por primera vez dos mujeres en la papeleta presidencial— y, a la vez, la prueba de que los partidos siguen sin postular mujeres a los cargos que de verdad importan.
La "válvula de escape"
¿Cómo convive este resultado con una ley de paridad? La respuesta está en un mecanismo que la politóloga Flavia Freidenberg bautizó como la "válvula de escape". Desde la primera cuota de 30% de la Ley 22 de 1997, la norma panameña ha incluido siempre una cláusula que la desactiva: cuando la participación femenina es "inferior" al porcentaje exigido, los partidos pueden completar las listas con hombres.
El artículo 373 del Código Electoral, reformado para las elecciones de 2024, ordena que los partidos postulen 50% de mujeres y 50% de hombres. Pero conserva esa misma salida: si la Secretaría de la Mujer del partido comprueba que no hay suficientes aspirantes, el cupo se llena con otros. En la práctica, la paridad se vuelve optativa. Ningún partido presentó listas paritarias, y la mayoría de las mujeres postuladas quedaron relegadas a suplencias —justo lo contrario de lo que exigiría un mandato de posición que las coloque a la cabeza de las listas. La ley declara la igualdad; la excepción se la lleva.
A esto se suma la ausencia de financiamiento político preelectoral dirigido a mujeres, que suelen enfrentar más dificultades para costear campañas, y la falta de un mandato de alternancia que evite que los hombres encabecen siempre las nóminas.
La frontera digital de la violencia política
El informe dedica un capítulo a lo que llama "el último espacio colonizado por la cultura de la violencia política": las redes sociales. Dos estudios de monitoreo de la campaña de 2024 (PNUD–USMA e IPANDETEC) documentaron que la agresión en línea golpea de forma desigual a las candidatas.
Los ataques tóxicos se concentraron en X/Twitter (52.9% del contenido tóxico detectado), seguido de Instagram (38.1%) y Facebook (8%). Y el tipo de ataque cambia según el género: a las mujeres se las agrede por su identidad, su afiliación religiosa y con lenguaje obsceno; a los hombres, por su capacidad. En Instagram, el 56% de las agresiones contra candidatas se basó en roles y estereotipos de género. La conclusión del estudio es directa: la violencia digital desalienta las candidaturas femeninas y limita su libertad de acción política.
Panamá cuenta desde 2020 con la Ley 184 sobre violencia política y con instrumentos pioneros en la región, como el Pacto Ético Digital del Tribunal Electoral. El reto, señala el informe, es pasar de lo declarativo a lo concreto: tipificar con claridad, sancionar y coordinar entre instituciones.
Una deuda de larga duración
Conviene recordar de dónde venimos. Las mujeres panameñas no siempre fueron ciudadanas plenas: la Constitución de 1904 reconoció la ciudadanía a "todos los panameños", pero las leyes electorales la restringieron a los varones; la de 1941 condicionó el voto femenino a tener un diploma. El sufragio se ejerció por primera vez en la Constituyente de 1945, tras décadas de movilización encabezada, entre otras, por Clara González y el primer Partido Nacional Feminista de 1923. La Constitución vigente lo zanjó en su artículo 131: son ciudadanos todos los panameños mayores de dieciocho años, sin distinción de sexo.
Esa conquista explica la mitad luminosa del informe: hoy las mujeres votan y sostienen el proceso electoral en mayor proporción que los hombres. La otra mitad es la tarea pendiente. Como resume el propio Tribunal Electoral, el cambio de una dictadura a una democracia, hace treinta y seis años, no se ha traducido todavía en participación y representación política en condiciones de igualdad. Las propuestas del informe son claras: eliminar la válvula de escape, implantar mandatos de posición en las boletas, fortalecer la libre postulación y regular la violencia política digital. Ninguna es imposible; todas dependen de la voluntad de las instituciones y de las directivas partidarias.
El dato que mejor cierra el diagnóstico es también el que mejor lo abre a la acción: una democracia donde la mitad organiza la elección pero no llega a gobernarla es una democracia a medio construir. Corregirlo, dice el informe, está al alcance de nuestras fuerzas.