Entre 1950 y 1994, en un rincón de Hong Kong existió el experimento urbano más extremo del siglo XX: la Ciudad Amurallada de Kowloon. En apenas 2,6 hectáreas —un par de manzanas— llegaron a vivir cerca de 33.000 personas. No había código de construcción, ni permisos, ni planificación: por un vacío diplomático, ni el Reino Unido ni China la gobernaban de verdad. Era, literalmente, una ciudad sin derecho urbanístico.
El resultado fascina y perturba. Los edificios crecieron pegados hasta formar una sola mole de diez y hasta catorce pisos, atada por un enredo de cables y tuberías; los callejones no veían el sol. Convivían talleres, fábricas de fideos, dentistas y médicos sin licencia, viviendas y comercios, todo apilado. Y, aun así, funcionaba: había vecindad, economía y reglas informales. Por eso hoy se la romantiza como una utopía anarquista.
Conviene resistir esa nostalgia. Kowloon también fue incendios sin salida, hacinamiento, agua contaminada y gente atrapada en construcciones que nadie garantizaba. La ausencia de norma no dio libertad para todos: dio un orden espontáneo que favorecía a quien ya tenía poder y dejaba el riesgo a los más débiles. Hong Kong la demolió en 1993 y 1994; hoy es un parque.
De Hong Kong a la vía Transístmica
No hay que irse tan lejos. San Miguelito nació a mediados del siglo pasado como un asentamiento informal en las afueras de la capital, empujado por la migración del campo a la ciudad. Se ocupó suelo y se levantaron barrios enteros antes de que existieran calles trazadas, títulos o zonificación. Hacia 1970 el Estado reconoció esa realidad y lo erigió en distrito; con los años llegó —de forma desigual y todavía inconclusa— el ordenamiento, la infraestructura y los servicios. Hoy es uno de los distritos más poblados del país.
La comparación no juzga a quien construyó donde pudo: la ciudad informal casi siempre es una respuesta racional a la falta de vivienda asequible, no un capricho. Sirve para ver el mismo fenómeno a dos velocidades. Kowloon es lo que pasa cuando la norma nunca llega; San Miguelito, lo que pasa cuando llega después y debe ordenar lo ya construido a un costo mucho mayor.
¿Burocracia o necesidad?
La pregunta esconde una trampa, porque mezcla dos cosas distintas.
El derecho urbanístico como función no es papeleo: resuelve problemas que ningún vecino puede resolver solo. La seguridad estructural, las salidas de emergencia, el agua potable, la luz y el aire, la calle por donde entra una ambulancia, que mi edificio no le quite el sol al vecino ni le descargue sus aguas. Son externalidades y bienes comunes: decisiones individuales sensatas que, sumadas sin coordinación, producen un resultado colectivo malo para todos. Kowloon es la demostración empírica de eso.
La burocracia, en cambio, es la patología de esa función: el permiso que tarda años sin razón, el trámite que solo sirve para cobrar una coima, la norma que protege al que ya construyó y le cierra la puerta al que llega. Cuando el derecho urbanístico se vuelve inaccesible, caro o arbitrario, no ordena la ciudad: empuja a la gente a la informalidad. Dicho de otro modo, el exceso de mala regulación produce más Kowloon, no menos.
La respuesta honesta, entonces, es que el derecho urbanístico se necesita, y precisamente por eso no puede ser burocracia. Una buena norma urbanística protege lo esencial —vida, salud, convivencia, derechos de terceros— y a la vez es simple, alcanzable y dialoga con la ciudad real, incluida la informal, en lugar de fingir que no existe.
Kowloon nos enseña que una ciudad sin reglas no es libre: es peligrosa para el que menos tiene. San Miguelito nos enseña que ordenar tarde cuesta carísimo. La lección para Panamá no es elegir entre control y libertad, sino construir a tiempo reglas que la gente pueda cumplir.