Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral es una de las salas de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Está integrada por tres magistrados y ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, el control judicial de la legalidad de los actos, omisiones y contratos de la administración pública, así como el conocimiento de las demandas de indemnización por responsabilidad del Estado. Sus sentencias son finales, definitivas y obligatorias, y no admiten recurso alguno.

Base legal

• ley-135-de-1943-jurisdiccion-contencioso-administrativa, que organiza la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y fija los actos no acusables ante ella.
• Código Judicial, artículo 97 (competencia y materias de la Sala Tercera), artículo 98 (aplicación supletoria de las Leyes 135 de 1943, 33 de 1946 y 39 de 1954) y artículo 1780 (jurisdicción coactiva).
• Código de Trabajo, que le atribuye el recurso de casación laboral en tanto no se instituya la Corte de Casación Laboral.
• ley-38-de-2000, que regula el procedimiento administrativo general y la consulta de advertencia de ilegalidad ante la Sala.
• constitucion-politica-de-1972, que consagra la Corte Suprema de Justicia y sus salas.

Qué se tramita ante la Sala Tercera

• Demanda contencioso-administrativa de nulidad: para impugnar actos de carácter general que se acusen de ilegalidad (la puede interponer cualquier persona).
• Demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción: para impugnar actos de efecto individual que afectan al particular y obtener el restablecimiento del derecho.
• Demanda de indemnización por responsabilidad del Estado: por daños y perjuicios derivados del mal funcionamiento de los servicios públicos o de actos ilegales de los funcionarios y entidades públicas.
• Recurso contencioso en materia de adjudicación de tierras y de bienes ocultos.
• Cuestiones sobre celebración, cumplimiento o extinción de contratos administrativos.
• Consulta de interpretación prejudicial y consulta de apreciación de validez de actos administrativos.
• Proceso de protección de los derechos humanos frente a actos de autoridades nacionales.
• Recurso de casación laboral contra sentencias de los Tribunales Superiores de Trabajo.
• Jurisdicción coactiva: apelaciones, incidentes, tercerías, excepciones y recursos de hecho en los procesos por cobro coactivo.
• Advertencia de ilegalidad de una norma o acto que debería aplicarse para resolver otro proceso.

Funciones principales

Controla la legalidad de los actos, resoluciones, órdenes y disposiciones de las autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades autónomas o semiautónomas; anula los que resulten contrarios al ordenamiento jurídico; fija las indemnizaciones que debe pagar el Estado por responsabilidad patrimonial; conoce de la jurisdicción coactiva y del recurso de casación laboral; y absuelve consultas de interpretación y validez de actos administrativos formuladas por otras autoridades.

Datos relacionados

Consulta los indicadores de justicia para el contexto del sistema judicial panameño.

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